“Chile está en la mira de distintos organismos internacionales por el trato que le da a sus pueblos originarios”. Una frase que frecuenta el discurso de políticos, abogados y estudiosos, y que evocan las recomendaciones de entidades como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.

En la actualidad nuestro país se encuentra a pocos días de entregar un informe sobre la situación de los pueblos originarios y los avances en la implementación del Convenio 169 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que fue ratificado en Chile el año 2008, después de 17 años de tramitación.

Este convenio establece, entre otras cosas, el derecho de consulta a los pueblos originarios y es uno de los instrumentos jurídicos más novedosos sobre el reconocimiento de derechos y protección de los pueblos indígenas.

El próximo 1 de septiembre Chile debe presentar este informe, así como también los avances en la implementación, materia en la que el país está sumamente atrasado.

“Esta memoria debe abordar todos los tópicos que implica la ratificación de este convenio internacional y, por lo tanto, debiera ser bastante escueto porque la verdad es que el Estado de Chile, tanto su Poder Ejecutivo como el Legislativo, e incluso, en algunos casos, el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema, han dejado mucho que desear en esta materia. No ha habido una implementación adecuada en relación al derecho y la consulta. El Ejecutivo ha sido reacio y se ha negado en forma sistemática a consultar a las comunidades indígenas, especialmente en proyectos de inversión”, sentenció el abogado del Observatorio Ciudadano, Matías Meza.

Meza añadió que también el Estado no ha adecuado el mecanismo de entrega de tierras al estándar internacional. Tampoco en materia de aguas, mineras y geotermia. El jurista además recordó que agrupaciones de trabajadores y organizaciones sociales pueden hacer entrega de memorias alternativas a la OIT.

Sin embargo, el retraso en la implementación del convenio preocupa a todos los actores ligados al tema y los distintos sectores políticos se traspasan la responsabilidad de no cumplir a tiempo con los acuerdos internacionales suscritos.

El diputado UDI Gonzalo Arenas reconoció el atraso y sostuvo que “el informe está perfecto, pero durante los últimos años de la Concertación se avanzó muy poco en la implementación del convenio 169 de la OIT. Por eso hay que trabajar en las metas que se pondrá este nuevo gobierno para su implementación”.

Arenas solicitó una sesión especial en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para exponer sobre este asunto, convocada para el 7 de septiembre.

Por su parte, el senador por la región de la Araucanía, el PPD Jaime Quintana, defendió la labor de la Concertación y atribuyó la responsabilidad a la actual administración.

“Lo que se hizo ahora fue tomar conocimiento de una ratificación que hizo el Parlamento de este convenio, pero la implementación corresponde fundamentalmente a este gobierno. Este convenio entró en vigencia en septiembre del año pasado y en diciembre y enero ya teníamos claro el panorama electoral y ese era el momento para definir la política indígena que íbamos a seguir”, dijo el parlamentario.

Quintana advirtió que hace unas semanas el Gobierno anunció un cambio en la política indígena, donde no habrá más entrega directa de tierras, sino un sistema de subsidio por puntaje, lo que en su opinión, es ajeno a la cultura del pueblo mapuche y crea un clima desfavorable para el diálogo. El senador Quintana enfatizó también que esta medida tampoco fue consultada a las comunidades.

En medio de esta discusión, este jueves llega a Chile Cleopatra Doumbia- Henrry, emisaria de la OIT, quien se reunirá en Temuco con parlamentarios de la Araucanía para examinar la situación.