El denominado “matonaje escolar” o bullying cobró una nueva víctima el viernes pasado. Sergio Huisa, alumno del primer año medio A del Colegio Arturo Prat de Puente Alto decidió quitarse la vida por los constantes hostigamientos de parte de un inspector del establecimiento.

La noticia estremeció a las autoridades y el Gobierno decidió abrir un sumario por el caso y poner urgencia a la discusión parlamentaria de un proyecto de ley sobre maltrato escolar. Sin embargo, este tipo de situaciones no se detienen allí y se presentan a todo nivel de convivencia: entre alumnos, de profesores con alumnos y viceversa.

Por lo mismo, la meta es que de aquí a marzo de 2011 esté vigente la legislación presentada por los senadores Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI) y que patrocinan Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Cantero (independiente) sobre este tema.

“Los niveles de violencia psicológica que están ocurriendo en los colegios, liceos y escuelas están excediendo los límites tolerables, llegando a un nivel en que este año se han provocado cinco suicidios de menores, que ante el acoso y el hostigamiento y la violencia psicológica han terminado pagando con sus vidas. Esto no da para más. Por eso vamos a trabajar todas las sesiones que sean necesarias para que en marzo el próximo año cuando entren los niños al colegio esté vigente la nueva ley contra el bullying”, dijo el senador DC Patricio Walker

Esta iniciativa fijaría un reglamento y las conductas que corresponden a la violencia escolar y obligará a los establecimientos educacionales a informar a los padres si hay casos: Cuando los directores no denuncien serán multados con 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); y el niño que ejerza el bullyng podrá ser expulsado, mientras que en el caso que sean adultos los responsables tendrán sanciones penales.

El ministro de Educación, Joaquín Lavín, anunció que el próximo lunes habrá un reglamento modelo de convivencia escolar disponible para los colegios con la idea de que una vez que se apruebe la ley “el reglamento sea una obligación”.

“El ministerio de Educación va a hacer capacitaciones a los directores de los colegios, a los inspectores para que existan mediadores escolares, ya sea entre los profesores o entre los propios alumnos para que logremos detectar estos casos antes de que ocurran. Como sociedad no hemos tomado la debida conciencia de lo que está pasando. Para muchos profesores estas son bromas de niños, un sobrenombre, que le escondieron el celular… Esas cosas que comienzan a veces pareciendo una broma pueden terminar afectando seriamente la vida de un alumno y detonando decisiones tan drásticas como las que hemos conocido estos últimos días”, sostuvo el Secretario de Estado.

El llamado fue a que “estas cosas no se tapen, que por favor permitamos que la investigación se desarrolle libremente sin tapar nada, con plena información y disposición”.

Sin embargo, para los expertos este proyecto de ley no aborda los problemas de fondo que se viven día a día en la convivencia escolar. El académico de departamento de Educación de la Universidad de Santiago (USACH) y especialista en violencia escolar,  Jaime Retamal, explicó que para enfrentar estos casos no se puede universalizar la situación de cada estudiante y de cada establecimiento, pues tanto los factores individuales de riesgo como los comunitarios de protección están sujetos al contexto particular de cada comunidad escolar.

“Dichos factores están asociados a las escuelas mismas, a cómo la escuela gestiona la convivencia escolar y su proyecto educativo y a cómo cada uno de los profesores en cada uno de los liceos desarrolla un plan específico de convivencia. Hacia allá han apuntado todas las experiencias internacionales en la materia”, dijo Retamal.

El académico indicó además que el proyecto presentado por los senadores “es absolutamente descontextualizado de la investigación actual, tiene una serie de datos que bordean lo ridículo y de alguna manera no hace justicia a lo complejo del fenómeno de la violencia escolar y a lo difícil que es comprenderlo. El sistema escolar chileno es altamente segregado, desigual e inequitativo y los factores tanto de protección y de riesgo son muy difíciles de comprender, por eso se necesita mucha más información e seria para poder determinar si efectivamente estamos frente a una escalada violencia que azota nuestros colegios, como dicen los parlamentarios”.

En la misma línea, el experto del núcleo de investigación y convivencia escolar de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Eric Carafi indicó que “efectivamente la convivencia escolar es algo que se debe gestionar y que se relaciona con el funcionamiento de la escuela. Ahí involucramos temas que tienen que ver con el currículo, con la participación, con las relaciones democráticas al interior de los establecimientos, pero además con los espacios para expresar las distintas identidades juveniles y de género y esos espacios no están. Por lo tanto, se requiere de una gestión escolar vinculada a la convivencia que también aspectos didácticos, de infraestructura y de espacios diferentes de participación a las clases”.

El investigador indicó además que las sanciones propuestas en el proyecto de ley “vaya a cambiar definitivamente el modo en que las personas se están relacionando. Hay que generar otra mirada respecto de la convivencia, que no se piense que la única manera de contenerla y mantenerla en un cierto orden es aplicando sanciones. Eso es replicar la lógica que hay al interior de las escuelas y que pretende resolver temas de violencia escolar aplicando sanciones y ya es visto que no tiene mucho resultado”.

Por su parte, Retamal concluyó que “si tuviéramos un programa que ayude a concentrar mediciones realmente científicas como un observatorio, otro de financiamiento para cada una de las escuelas, otro de iniciación docente significativos donde se incluyan estos temas y otro de formación para los directores, este problema estaría en la dimensión que le corresponde”.

Los expertos coincidieron en que este es un problema que pasa más por la forma en que se trabaja la convivencia escolar más que por la dureza de las sanciones. Además llamaron la atención respecto de las verdaderas cifras que se manejan de violencia escolar que calificaron como “insuficientes” y advirtieron la necesidad de crear un nuevo levantamiento de información con bases científicas y miradas integrales.