El comité político y estratégico de la Concertación, que integran los presidentes de partidos y jefes de bancadas del bloque, hizo público ayer su proyecto de reforma al denominado royalty minero.

El objetivo de la iniciativa es aumentar el aporte de la industria extractiva a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y consensuar con la autoridad una mesa de trabajo para modificar el estatuto de inversiones extranjeras.

El proyecto que el gobierno envío la semana pasada a la Cámara de Diputados estipula una base tributaria con un rango entre 5 y nueve por ciento y extiende la invariabilidad impositiva en ocho años desde el 2017 al 2025. Mientras tanto, la propuesta de la oposición se diferencia en térmicos sustantivos, pues recomienda un rango tributario entre cinco y 18 por ciento sobre los márgenes operacionales de las compañías y propone eliminar el beneficio de invariabilidad impositiva que gozan los contratos de explotación minera.

La vocera de la Concertación y presidenta del PPD, Carolina Tohá, dijo que con este nuevo esquema voluntario de tributación el país podrá recaudar 2000 millones de dólares de aquí al 2012, al tiempo que emplazó al gobierno a buscar un acuerdo sobre esta materia.

“Que el país sepa que la Concertación está proponiendo una manera que la Minería aporte a la reconstrucción que no nos obliga a amarrarnos con una nueva invariavilidad, que hay una propuesta que significa que la Gran Minería puede aportar al desarrollo chileno de forma sustantivamente mayor como lo hace hoy y sustantivamente mayor a lo que propone el Gobierno y que de ese debate el gobierno también escuche y se abra a una mirada distinta. No le estamos negando recursos, le estamos proponiendo más recursos y para el corto plazo vías alternativas para obtener los mismos millones de dólares que ellos dicen necesitar para la reconstrucción”, indicó Tohá.

En el mismo plano, el presidente del Partido Radical y miembro de la Comisión de Minería del Senado, José Antonio Gómez, comentó los avances de la propuesta y señaló que el proyecto será detallado hoy a los ministros de Hacienda y Minería.

“Me parece que es una fórmula importante de entregarle oficialmente al Gobierno a través de los ministros Larroulet y Larraín la propuesta de la Concertación. Espero que mañana tendremos una reunión con ellos para efectos de hacerle entrega de nuestra propuesta, la puedan analizar, y ojalá por el bien del país podamos llegar a un acuerdo para tratar de sacar adelante el proyecto que va a recaudar un millón de dólares, vamos a perder alrededor de 10 mil millones de dólares me parece que no es razonable para el país”, indicó el senador Radical.

Desde el oficialismo, el ministro de Hacienda Felipe Larraín sostuvo que el gobierno dialogará con la oposición sólo sobre la base de propuestas realistas que tomen en cuenta el carácter voluntario del nuevo royalty.

“Nosotros queremos conversar sobre la base de una propuesta realista porque no hay que olvidar que las principales empresas productoras tienen invariabilidad en este momento que se la deben a lo que fue aprobado por el gobierno del Presidente Lagos que determinó 12 años de invariabilidad, por lo tanto, para que ellos estén dispuestos a transitar hacia un sistema distinto que es el que estamos proponiendo y creemos es un régimen mucho mejor para el país, tenemos que lograr que accedan en forma voluntaria”, indicó el encargado de las finanzas públicas.

La senadora UDI de la Comisión de Hacienda, Evelyn Matthei, fue más categórica y señaló que la propuesta de royalty minero de la Concertación sería inviable para el país.

“Tuvieron como dos meses no pudieron ponerse de acuerdo y ahora lo que traen es algo que en el fondo lo que pretende es terminar con la Minería en Chile. Un royalty del 18 por ciento unido al 35 por ciento, eso no lo tiene ningún país del mundo. Me parece que esta es una propuesta que no tiene viabilidad absoluta”, señaló Matthei.

Actualmente, el proyecto del Ejecutivo atraviesa su primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara. De acuerdo a la urgencia del gobierno, la iniciativa deberá ser despachada en los próximos diez días, sin embargo, aún no existe consenso en los comités del Congreso para su aprobación.