La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la exhumación del cadáver de José Tohá González, ex ministro de Defensa e Interior del Presidente Salvador Allende.

Ello, porque un estudio forense realizado por el experto Luis Ravanal a partir de la autopsia estableció que Tohá murió en 1974 por “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida” y no por un suicidio como informó entonces la dictadura de Augusto Pinochet.

Este informe coincide con otro que en ese mismo año de la muerte del político socialista hizo el médico criminalista de la Policía de Investigaciones Alfonso Chelén, y  que le costó su expulsión de la Policía civil.

Esto se suma también a que la autopsia de José Tohá fue practicada en condiciones anormales, puesto que se realizó en el mismo Hospital Militar, donde falleció,  y no en el Servicio Médico Legal, como correspondía.

La Justicia, que solicitó la reapertura de la investigación al juez a cargo, José Zepeda, dispuso además de la exhumación la recomposición del escenario de la muerte del político socialista entre otras 25 diligencias.

Carolina Tohá, presidenta del Partido por la Democracia (PPD) e hija de la víctima, dijo a la agencia EFE que hace tiempo que la familia, junto al abogado Nelson Caucoto, viene pidiendo estas diligencias que ahora el juez Zepeda debe realizar y que son muy importantes.

“Estamos muy esperanzados de que un gran conjunto de diligencias que fueron decretadas en la causa puedan tener éxito. Confiamos mucho en el profesionalismo y en la calidad del trabajo que realiza el ministro Jorge Zepeda para llegar a un buen resultado. Aparece como insostenible que existan tantas dudas sobre cuál fue la causa de la muerte de José Tohá, porque mientras se entregó una versión oficial de los militares de que se habría suicidado, hoy aparecen visos que se contraponen a esa posición oficial”, indicó Caucoto.

Para el abogado hay que generar un cronograma de trabajo y eso implica primero verificar médicamente si fue un suicidio por ahorcamiento  o un asesinato por estrangulamiento y luego de eso buscar a los autores.

Sin embargo, para Cacucoto  los principales sospechosos no son todos los militares sino sólo el grupo que tenía acceso al hospital castrense.

Hasta ahora sólo se habían establecido responsabilidades penales por las torturas aplicadas al ex secretario de Estado en la Academia de Guerra Aérea por lo cual están procesados los ex coroneles de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres y Sergio Contreras.