Hace unos días en un encuentro de ciudadanos por una Asamblea Constituyente, realizado en la comuna de Rengo, me tocó ver una ácida parodia de un grupo de estudiantes secundarios a las inequidades de la educación chilena.  “Dejemos el lucro ahora y la mala educación”, fue el estribillo coreado por los escolares mientras se despedían entre los aplausos del público.

Esos jóvenes son parte del movimiento ciudadano que lucha en distintas partes de nuestro territorio por un cambio radical en la educación chilena. Le están planteando un desafío de primera magnitud a nuestra clase política, demasiado acostumbrada a establecer acuerdos cupulares que cambian algo para terminar no cambiando nada realmente.

Esa tendencia de actuar desoyendo a la ciudadanía  tiene sus raíces en una democracia poco participativa cimentada por la Constitución del 80. Se expresó el 2006 para desarticular la llamada “revolución pingüina”, cuando importantes sectores ciudadanos intentaron modificar los cimientos de la educación y terminaron mirando desde la vereda del frente como sus representantes alcanzaban un precario consenso que no rozaba siquiera el corazón del modelo.

La sociedad civil movilizada en estas semanas  no quiere que se repita esa escena y exige del mundo político una actitud radical que interprete el sentimiento ciudadano y se haga cargo de los grandes desafíos del Chile actual: mayor justicia social, participación de las grandes mayorías en los debates nacionales, cambio constitucional que le otorgue reales facultades al Estado y corrija las principales deficiencias del  modelo.

Esa fuerza que se ha manifestado en todo el país con determinación y alegría,  está conformada por miles de compatriotas  que se cansaron de no ser escuchados y exigen que  la búsqueda de la equidad y  la justicia sean las piedras angulares  de la acción política.

Ante semejante dilema no podemos esconder la cabeza como el avestruz, ni sacar las castañas con la mano del gato. Los poderes del Estado y sus representantes tenemos la obligación de responder  con claridad a las reivindicaciones planteadas por el movimiento ciudadano.

Educación pública gratuita y de calidad, recursos para las universidades estatales, fiscalización de los establecimientos educacionales privados, desmunicipalización de los colegios primarios y secundarios, término del lucro como  fin encubierto de quienes administran el sistema, son algunas de las demandas del movimiento.

Tengo la impresión de que las generaciones venideras nos juzgarán por la forma en que respondamos ante esta crisis. Debemos estar a la altura de lo que nos exige esta nueva ciudadanía integrada por sectores del  mundo popular y  por una clase media acosada por los bancos,  temerosa de perder su trabajo, ganando sueldos no acordes con lo que se supone es el ingreso per cápita promedio de 15 mil dólares anuales por habitante.

Tenemos que ser capaces de escuchar a la ciudadanía a través de una Asamblea Constituyente, con el objetivo de generar un cambio en las reglas del juego constitucionales, que  han frenado hasta ahora una mayor participación del Estado en la regulación del modelo económico y del sistema educacional.

Hemos sido emplazados a desligarnos de los cálculos electorales propios de la pequeña  política  y acoger con verdadera voluntad de cambio el clamor ciudadano. Esto implica, en primer término, hacer todo lo que esté a nuestro alcance por corregir sustancialmente el sistema educativo, símbolo de este Chile que figura entre los países más desiguales del planeta.

Para eso hemos sido elegidos.

*Juan Pablo Letelier. Senador socialista, vicepresidente del Senado