La huelga que inició esta semana el sindicato del Citibank – actualmente fusionado con el Banco de Chile – dejó de manifiesto una realidad que ya había sido advertida hace algún tiempo por los dirigentes de la banca: la excesiva inequidad en la distribución de las multimillonarias ganancias que genera este sector.
Y es que mientras un funcionario gana cerca de 350 mil pesos mensuales en promedio, los cargos gerenciales alcanzan los 700 millones anuales, cifra que además incluye suculentas bonificaciones.
Los trabajadores argumentan que sólo están abogando por una mayor participación en las utilidades que ellos mismos ayudaron a generar y que -según informó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) – en los primeros meses de 2011 se elevaron a 1.979 millones de dólares.
En el caso de Citibank, esta situación es más compleja aún si se considera que desde la fusión con el Banco de Chile – de propiedad del grupo Luksic, la mayor fortuna del país – se han precarizado las condiciones laborales e incluso se ha despedido a mil 200 trabajadores que recontrataron, pero a través de empresas externas.
Ante este escenario, el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios, Luis Mesina, comentó que “la situación de desigualdad que existe en el sistema financiero es brutal. La distribución regresiva de los ingresos de la banca en los últimos veinte años se ha presentado de manera sostenida, perpetuando un enriquecimiento de los más altos de la línea gerencial de los bancos en desmedro de la gran mayoría. La huelga que ocurre hoy en el Banco de Chile no es más que la expresión de esa profunda inequidad”.
El dirigente agregó que “En este sector está ocurriendo una situación vergonzosa, que transgrede la integridad moral de las personas que trabajan en una industria que todos los años genera ganancias millonarias. Esa riqueza que se produce con el esfuerzo sistemático de las personas no es retribuido”.
Sueldo decente y engaño a los clientes
Mesina aseguró que junto con el problema de la desigualdad existen una serie de malas prácticas que han mermado en la calidad de las fuentes de trabajo de este sector. En la actualidad una gran cantidad de funcionarios son calificados como “ejecutivos” y por esa vía, denunció el dirigente, arbitrariamente se aplica un articulado de la normaq ue los libera del control de jornada de trabajo. “Así los pueden tener trabajando hasta 70 horas semanales”, dijo Mesina.
Sin embargo, una de las principales quejas de los trabajadores da por las exigencias de nuevas colocaciones, como la venta de seguros, para poder alcanzar un salario un poco más abultado. Un sistema que también se aplica en otras áreas productivas como el retail donde los vendedores deben completar sus sueldos a través de las comisiones.
Y más allá de la extensión de las funciones que esto implica, el representante de la Confederación de Sindicatos Bancarios advirtió que genera un “perjuicio moral” en los funcionarios que saben que tienen que promocionar estos productos a costa de la desinformación de los clientes.
“Estos incentivos van construyendo una moral del sistema financiero que es discutible. La gran mayoría de los trabajadores tiene que conseguir un ingreso ´decente´ y tiene que obtenerlo mediante el engaño a los usuarios de este sistema, entonces estamos hipotecando la tranquilidad en el corto plazo. Esto tarde o temprano va a tener que estallar así como lo hizo el tema de La Polar, que afectó a 450 mil clientes, pero en el sistema financiero es mucho más profundo”, advirtió el dirigente.
Mesina aseguró que existe “una industria financiera que se está construyendo con la planificación, premeditación y concertación de altos ejecutivos de la banca porque los trabajadores no son los responsables de que con estos engaños el crédito sea más caro, exista endeudamiento y que la gente pague hasta 60 veces más el valor de su dinero”.
Todos estos temas fueron planteados este viernes a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien habría compartido el oscuro diagnóstico de los representantes de los trabajadores. “No tenemos ninguna divergencia al caracterizar a este sector y plantear que está desarrollando toda su actividad económica con claras transgresiones. De todas formas, aquí se requieren iniciativas políticas y legales que hagan posible establecer una nueva fórmula de funcionamiento del sistema financiero. Cosas importantes en materia legislativa y poner freno prácticas contra los clientes”, concluyó Luis Mesina.