El proyecto de ley que regula la construcción de las torres de antenas celulares ingresó al parlamento el año 2007 y, hasta el día de hoy, su discusión había sido constantemente aplazada. La razón de esto son los múltiples repartos que las comunidades tienen con respecto a las instalaciones de estas torres que rompen el paisaje urbano, devalúan los terrenos y lo que es peor, que producirían serias enfermedades.

El debate en materia de salud se ha extendido, cuando algunos aseguran que “no existe evidencia cierta sobre que la instalación de antenas genere enfermedades”, sin embargo, los habitantes de diversas localidades afectadas por este problema acusan una proliferación antinatural de enfermedades como el cáncer.

Para el toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchernichin, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ha referido puntualmente a este tema, al día de hoy ya existe información suficiente para asegurar que las antenas son dañinas.

“Se sabe que la radiación electromagnética produce distintos efectos sobre la salud y también se ha visto que por lo menos los teléfonos celulares causan algunos tumores cerebrales, que son más frecuentes en el hemisferio cerebral del lado donde la persona se coloca el teléfono y varias otras enfermedades de presión. Desde ese punto de vista es necesario adoptar legislación para esto”, señaló el toxicólogo Tchernichin,

El especialista añadió que, además, la legislación en países europeos respecto a este tema es bastante estricta para proteger a la población.

Y el proyecto que se vota hoy endurece las normas de contaminación electromagnética, además crea un sistema de compensaciones para los afectados y fomenta la participación ciudadana vinculante cuando se trata de levantar una torre de más de 30 metros. Avances que deberían haberse adoptado con anterioridad, considerando que el tema ya lleva más de seis años en discusión.

En esta línea, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman indicó que esta gran cantidad de indicaciones al proyecto sólo buscaban retrasar la aprobación de esa ley.

“Aquí se urdió una fórmula para decir que los señores parlamentarios estaban analizando una legislación adecuada, para que finalmente en los diferentes sectores de las ciudades se pudieran instalar estas estructuras que soportan las antenas de celulares. Es una trampa porque el ministerio de Vivienda tiene todas las atribuciones reglamentarias y legales para establecer la fórmula que le entregue las atribuciones al director de obra para que autorice o rechace la instalación de estas antenas”, indicó el dirigente ciudadano.

Y hace un par de semanas los concejales de Santiago, Ismael Calderón, y La Reina, Francisco Olea, denunciaron que existen mil 653 solicitudes de instalación de antenas de celulares en curso en las 52 comunas de la Región Metropolitana.

Los concejales pusieron la alerta al señalar que los privados ingresaron cientos de estos proyectos sabiendo que la ley se votaría pronto y que no tendría efectos retroactivos, para así poder después, con el permiso en mano, construir libremente.