La capacidad de llegar a acuerdos fue lo que más destacó el Presidente Sebastián Piñera en la ceremonia donde junto al ministro de Agricultura, José Antonio Galilea y la ministra del Trabajo, Evelyn Mathei, firmó el nuevo Estatuto Laboral Agrícola.

El texto establece una anualización de rentas para quienes trabajan por temporadas y la transformación de sus contratos a indefinidos. Además establece la posibilidad de celebrar pactos colectivos entre empleadores y trabajadores e incorpora algunos elementos de flexibilidad laboral como la discontinuidad de la jornada diaria.

Sobre esto se refirió el ministro José Antonio Galilea, quien declaró que “es un tremendo paso en la dirección de adaptar nuestra normativa laboral a los requerimientos del sector agrícola, que es distinto a otras actividades, porque se trabaja con seres vivos y el clima es muy importante. Estamos dando una señal que con diálogo y acuerdos se puede avanzar en los desafíos que tiene el país en el área laboral”.

Sin embargo, la representatividad de este acuerdo fue cuestionada por distintas organizaciones. Radio Universidad de Chile intentó acceder a la nómina de los gremios y organizaciones sociales que participaron en el diálogo, sin embargo, el gobierno no entregó esta información y sólo pudimos constatar la participación del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Musech).

Osvaldo Zúñiga, Presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina (Ranquil), señaló que el firmado Estatuto va en un sentido completamente opuesto a lo esperado, lo que sólo se entiende cuando el Gobierno convoca al diálogo sólo a las voces que le son favorables.

“Lo que nosotros hemos revisado es que el documento contiene la flexibilidad laboral, en la lógica de lo que el modelo exportador necesita. Otra de las cuestiones que rechazamos es cómo fue elaborado el proyecto, donde la mayoría de los trabajadores no ha participado, hay una organización que se arroga la representatividad de los trabajadores y no la tiene (Musech), sino que tiene un porcentaje muy mínimo”, señaló Zúñiga.

Ranquil y la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (Anamuri), que agrupa a diversos gremios de temporeras, entregaron a mediados de junio una propuesta a la ministra Matthei con factores a considerar para regular el sector, como la necesidad de fortalecer la sindicalización y la negociación colectiva, la que no fue considerada en la discusión.

Por su parte, Alicia Muñoz, parte del directorio de Anamuri, afirmó que este estatuto es una amenaza, ya que surge de una necesidad empresarial, más de que de los trabajadores y que busca poner en regla prácticas abusivas que se vienen dando hace años.

Muñoz recalcó que “quieren que las mujeres tengan turnos cortados, como muchas veces las hacen estar en la empresa hasta las doce de la noche, entonces quieren legalizar la violación de la ley para que nadie diga nada”.

La dirigente señaló que la flexibilidad laboral sólo precariza el trabajo, una de las peores medidas que se pueden tomar en un rubro que, al operar por temporadas, ya es sumamente frágil. Una vez firmado el estatuto, ingresará al Congreso donde las organizaciones sindicales y de mujeres esperan que su voz sea escuchada.