Para que los abogados defensores cuenten con más herramientas al debatir en los juicios donde se acusa a personas de origen indígena se firmó este convenio que se capacitará a 137 defensores y 50 facilitadores interculturales y asistentes a lo largo de todo el país.

Roberto Nahum, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicó que, a través del Programa de Antropología Jurídica e Interculturalidad, se profundizará y perfeccionará los conocimientos en materia de derecho internacional de los pueblos indígenas, donde destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los indígenas a ser debidamente consultados.

“Es muy importante que esos funcionarios públicos estén en conocimiento de las peculiares características de aquellos pueblos originarios que necesitan un reconocimiento en los hechos de aquello que se les ha otorgado desde el punto de vista legal a través de la firma del Convenio 169. Es un efecto muy importante para el ordenamiento jurídico chileno porque la Universidad de Chile, a través de su Facultad de Derecho, estaría posibilitando una mejor aplicación al caso completo de las leyes que reglamentan la solución de los conflictos y que están en boga en ciertas zonas del país”, dijo el académico.

Esta capacitación estará en manos de nuestra casa de estudios, con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención de Conflictos Culturales del PNUD, donde también destaca la iniciativa “Mucho Chile” de UNESCO, nuestra emisora y la Fundación Gonzalo Rojas para la promoción y fortalecimiento de la cultura de los pueblos originarios.

En esta oportunidad el enfoque es jurídico, lo que permite también que el país pueda dar un salto que le permita cumplir con sus deberes en la materia.

“Todos los organismos del Estado tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Si uno lee el convenio 169 de la OIT y las reglas de Brasilia queda claro que parte de este sector son los miembros de pueblos originarios. Por tanto, se requiere un esfuerzo especial de las instituciones públicas y, en este caso, del sistema de justicia, para brindar mayor acceso, protección a fin de equilibrar esta vulnerabilidad que tienen las personas y poder obtener un juicio justo y eso se aplica en el caso del pueblo mapuche y no solo ellos sino a otros grupos que van a ser preocupación de la defensoría penal pública”, sostuvo el Defensor Nacional, Gregory Shubert.

Shubert indicó que la metodología, que combina clases presenciales con lectura a domicilio, permitirá un gran avance. Nuestro país ha sido fuertemente cuestionado por la forma en que ha juzgado, principalmente a comuneros mapuches.

En esa línea, María Elina Arnz, encargada del programa de PNUD de las Naciones Unidas, rememoró la crítica internacional. “Es un hecho de la causa que varios órganos de tratados de distintos convenios de Naciones Unidas han hecho observaciones al Estado de Chile sobre cómo se han abordado los procedimientos judiciales cuando se trata de procesos en los que están afectados indígenas. Ese es el germen de la huelga de hambre que se desarrolló el año pasado, está en la base a la reforma a la ley antiterrorista y esperamos que se siga avanzando”, dijo.

Esto cuando aún continúan en el sur una serie de procesos judiciales calificados como “irregulares”, cuando es frecuente la palabra montaje y cuando diversas organizaciones de Derechos Humanos afirman que se está criminalizando la protesta social mapuche.

Se espera entonces que esta iniciativa de capacitación permita hacerle frente a este complejo panorama y que, si bien por ahora es acotada en el tiempo, pueda mantenerse en el tiempo para generar una instancia de aprendizaje y trabajo constante.