La propuesta sobre una eventual eliminación del impuesto específico a los combustibles ha sacado chispas en la arena política y ha enfrentado, una vez más, a RN y a la UDI. Mientras en la colectividad del Presidente Sebastián Piñera han calificado la iniciativa como “populista”, desde el gremialismo se defienden indicando que la remoción de este tributo iría en beneficio directo de los sectores más vulnerables.

Y aunque el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se ha mostrado contrario a la eliminación del impuesto a las gasolinas, este lunes un grupo de parlamentarios de la UDI volvió a plantear el tema en una reunión con el portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick.

En esa línea, el diputado Gustavo Hasbún – uno de los legisladores que integraba la comitiva que se reunió con el vocero del Ejecutivo – subrayó los beneficios que tendría la supresión de este impuesto para los usuarios del transporte público y las pequeñas y medianas empresas.

“Detrás de un impuesto específico como este se encuentran los valores de los pasajes de la locomoción colectiva y eso no afecta ni a los más ricos ni a la clase media, sino que directamente a los pobres. Obviamente la disminución de un 20 por ciento de los pasajes va a ser un beneficio para los sectores más vulnerables. También se reducirían los fletes y que favorecería a los feriantes y a las Pymes. Este es un impuesto que perjudica directamente a la clase media y también a los más pobres”, sostuvo el legislador.

Opinión similar manifestó el presidente de la Conapyme, Juan Araya, quien recordó que este tributo constituye el 42 por ciento del precio final de las bencinas, dejando al crudo chileno como uno de los más caros del mundo.

“Un pequeño comerciante, los que tienen las ferias libres o talleres usan vehículos a gasolina. Por lo tanto, pagar 230 pesos más el IVA, es decir, casi 350 pesos más del valor de las bencinas es insólito. Nuestro combustible es más caro que en Estados Unidos donde se pagan tres dólares por galón, es decir, casi cuatro litros y aquí los ingresos no son los mismos que allá”, comentó el dirigente.

Sin embargo, para el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), Alejandro Micco, esta iniciativa no se justifica porque, en la práctica, el gravamen está enfocado principalmente a los sectores de mayores ingresos. De hecho, el 60 por ciento del impuesto específico a los combustibles lo paga el quintil más rico del país, mientras que el 75 por ciento de los hogares más pobres ni siquiera poseen automóviles.

Micco precisó además que las Pymes ya tienen rebajas en el valor de las gasolinas, lo que sirve para amortizar los gastos generados por este concepto.

“El IVA que pagan las empresas en la compra del diesel, que es el combustible que se utiliza para el transporte más pesado, si tienen la contabilidad completa, tienen la posibilidad de descontar del IVA lo que pagaron de impuesto específico. Por lo tanto, esas personas ya cuentan con el beneficio. No es del 100 por ciento, pero cubre una capacidad muy alta. Las más pequeñas pueden rebajar hasta en un 80 por ciento lo que gastaron por impuesto al diesel”, afirmó.

El doctor en Economía señaló que estudios realizados por el Banco Mundial afirman que nuestro país estaría dentro de los estándares adecuados en la aplicación de este tributo que busca compensar por el daño medio ambiental provocado por los vehículos motorizados y que además genera grandes recaudaciones.

“Si uno tiene un impuesto que casi no distorsiona y que ayuda a que toda la gente cuando utiliza el automóvil interiorice el impacto negativo que está haciendo al medio ambiente, el tributo a la bencina es uno de los denominados ´impuestos verdes´ que existen en el mundo. La ciudadanía en general está apostando a un desarrollo más verde de Chile. Este es un tributo que tiene esta ventaja y que trata de reducir la contaminación y además ayuda a tener gastos fiscales que combaten la desigualdad. Es uno de los impuestos óptimos que tenemos en Chile y es una muy mala idea plantear su eliminación”, sentenció Micco.

De todas formas y pese a la insistencia de algunos sectores, el Gobierno afirmó  que, por el momento, la eliminación de este gravamen no estaría sobre la mesa.

El impuesto específico a los combustibles fue instaurado en 1985 con el objetivo de financiar la reconstrucción después del terremoto de ese año.  La tasa de este tributo es de 1,5 UTM por metro cúbico para el petróleo diesel y de 6 UTM por metro cúbico para la gasolina automotriz.