Dirigentes de organizaciones sindicales de empleados públicos, trabajadores de la salud, de casas comerciales, farmacias y supermercados, presentaron una queja formal ante la OIT porque consideran que el proyecto de ley presentado por el ministro Hinzpeter, para prohibir y endurecer las sanciones para quienes se tomen recintos o marchen por las calles, coarta la libertad sindical.
El vicepresidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, Manuel Díaz, señaló que el proyecto que impulsa el Ejecutivo pasa a llevar los derechos de reunión sin previo aviso establecidos en la Constitución y sólo busca limitar la capacidad de organización de los trabajadores en Chile.
“El proyecto de Hinzpeter transgrede todas las garantías constitucionales de los trabajadores. Además mezcla dos cosas que son distintas, por ejemplo, el penalizar hechos delictuales que ya están definidos en el Código Penal y no permitir a las organizaciones sociales marchar, hacer huelgas o protestar”, afirmó.
El dirigente agregó que una normativa de este tipo los dejaría desvalidos ante las prácticas antisindicales de las empresas y las dificultades de negociación de los trabajadores.
En la misma línea, Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) expresó que “esta iniciativa es la prueba más concreta de la falta de democracia y de pluralidad que pretende imponer este Gobierno. Eso es legalizar una dictadura que no permita las expresiones de los movimientos sociales”.
La representante añadió que este tipo de normativas desperfila el movimiento social por la educación, y se descuidan otros ámbitos de importancia. Además, criticó la nula reacción de los parlamentarios de la Concertación.
José Ortiz, coordinador en Chile de la Federación Sindical Mundial, señaló que durante la próxima semana iniciaran las conversaciones con legisladores para que se pronuncien en contra de este proyecto de ley.
“Tenemos previsto coordinar citas a partir del lunes con parlamentarios para pedirles formalmente que rechacen la propuesta legislativa y se va a pedir otras acciones para evitar que esta ley sea aprobada”, dijo.
Los dirigentes anuncian que esta queja también será presentada a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) y anuncian movilizaciones para demostrarle al gobierno que no habrá leyes que amedrenten la movilización social.
