Los diputados PPD Adriana Muñoz y Enrique Jaramillo denunciaron que el Gobierno realiza una persecución política en contra de los exonerados y rechazaron la fiscalización que lleva a cabo el Ejecutivo.

Los parlamentarios calificaron el hecho como “una campaña política comunicacional que atenta contra la dignidad de miles de personas”, con la que se pretendería transformar a las víctimas en victimarios.

Asimismo, responsabilizaron a La Moneda de efectuar “una verdadera persecución de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en especial de quienes sufrieron exoneraciones políticas”.

Por su lado, la diputada Muñoz aseveró que “las nuevas generaciones de políticos de derecha y el ministerio del Interior han puesto en tela de juicio el consenso básico esencial que marcó dos décadas de actividad legislativa, orientadas a superar la profunda fractura del país después del golpe de Estado de 1973”.

La diputada del PPD destacó que “si logramos estos acuerdos y reparamos a las víctimas fue porque nadie discutió que se privó del empleo a muchos chilenos por sus ideales, que se asesinó, que se encarceló, que se exilió, que se torturó”, aseveró.