La noche del miércoles pasado, ante la nata empresarial del país, en la cena anual de la Sofofa, el Presidente Sebastián Piñera fue enfático en advertir que Chile “va a vivir tiempos más difíciles que los que hemos vivido en los últimos dos años” debido a la crisis financiera que enfrenta Grecia. El líder de los anfitriones, Andrés Concha, fue más allá y afirmó que “el peligro acecha”.

Esa noche, los alaridos fantasmagóricos que se oían desde Grecia, a punto de cometer el mayor pecado capitalista y caer en una cesación de pagos atemorizaba a autoridades y empresarios, recordándoles los desastres de la crisis recién pasada, la del 2008 y 2009.

Sin embargo, los economistas coinciden en que debe correr mucha agua bajo el puente para que la crisis helénica extienda sus ramas hasta estas latitudes.

“Yo no estoy cien por ciento de acuerdo que va a haber una crisis sino lo que se ha planteado es que las tasas de crecimiento van a ser menores; el próximo año no vamos a tener una tasa de crecimiento ni cercana al seis por ciento, va a ser del orden del cuatro, y eso viene por la turbulencia de los mercados externos”, afirma Alejandro Micco, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Micco, quien también es investigador asociado a Cieplan, aclara que la única forma en que esta crisis puede afectar a Chile es que Grecia arrastre a Italia en el derrumbe, esto afecte a los bancos y se contraiga la economía mundial afectando las exportaciones y a China, lo que tendría consecuencias inmediatas en el precio del cobre y en el ingreso nacional. Pero nada de eso ha ocurrido aún.

Menos auspicioso en este sentido es Jorge Leiva, quien fuera ministro de Economía en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Para el académico, la experiencia de la crisis anterior nos enseña que los efectos en el país son inevitables. “Se puede dudar de la intensidad del impacto, pero la verdad es que impacto va a tener”, asegura.

Sin embargo, desde la perspectiva del doctor en Economía Juan Guillermo Espinosa, lo que se esconde detrás de esta crisis del euro es el intento del neoliberalismo por terminar con la política de Estado bienestar que ha reinado en Europa en los últimos siglos y asegurar la solvencia de bancos que han entregado créditos a destajo. Para evitar caer en el default (cesación de pagos) “los bancos, al igual que el FMI, están tratando de crear un estrangulamiento de esas economías”, señala.

Pero además de la lejanía con que los expertos chilenos ven esta crisis, aseguran que el país tiene los recursos para enfrentarla sin mayores problemas, por medio de los bonos soberanos y el fondo de estabilización, ahorros que suman más de treinta mil millones de dólares. “No se requiere añadir más recursos para enfrentar una situación así. La autoridad fiscal puede hacer una política anticíclica muy poderosa con los recursos que están acumulados”, asegura el ex ministro Leiva.

Pero si la renombrada política anticíclica aplicada por el titular de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, se basó en insertar recursos frescos al mercado interno, por medio de bonos la mayoría de las veces, cuando la demanda externa se contrajo, la estrategia que está siguiendo el Gobierno actual parece no ir en esa línea.

En innumerables oportunidades, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, miembros del gabinete y el propio Mandatario han resaltado que frente al escenario de riesgo externo se debe mantener una política económica austera y no aumentar el gasto público. Pero, al parecer, es aquí donde la contingencia política, la presión empresarial y las crecientes demandas sociales meten la cola.

Jorge Leiva explica que “en las finanzas públicas chilenas a partir del 2001 tenemos un cambio conceptual importante. Tenemos que distinguir entre lo que son gastos permanentes y transitorios. Un aumento del gasto público en un evento de crisis, esto es que se haya producido una caída de la demanda privada, es transitorio, de manera que en ese momento el tema de la reforma tributaria no es el que aparece sobre la mesa. El tema de la reforma tributaria tiene que ver con que el Estado se haga cargo con los bienes públicos de las demandas sociales que la ciudadanía está reclamando en diversos ámbitos, especialmente en educación. Los cálculos que se han hecho es que se requiere un ingreso adicional del fisco del orden del dos al cuatro por ciento del PIB,  lo que significa aumentar en un quince por ciento la carga tributaria, pero eso es para un cambio que va a perdurar en el tiempo”.

Con esta separación de aguas, entonces, los riesgos de la crisis del euro son tan distantes de las demandas de los movimientos sociales como el Viejo Continente mismo, pues no se requieren más ahorros (por lo que el gasto público se debería mantener estable o aumentar), si llega la crisis el Estado debería gastar más para contrarrestarla y, por último, las reformas que se requieren sólo se pueden financiar con ingresos estables que provengan de un cambio en el sistema tributario, es decir, subiendo los impuestos a las mayores riquezas.

Entonces, cuando el Presidente pide austeridad ante la crisis, lo que hace realmente es hacerle un guiño al empresariado asegurando que su situación tributaria se va a mantener porque no se van a requerir más ingresos provenientes de los impuestos para financiar un aumento del gasto público. Por otro lado, argumenta frente a los movimientos sociales la imposibilidad de responder a sus demandas en el contexto económico externo.

Pero, en la realidad, son temas que claramente van por carriles separados. Alejando Micco explica que “son discusiones que se pueden dar perfectamente en paralelo” y aclara que “sabiendo que hay una situación en el exterior que puede llegar a ser compleja (sin duda alguna hay que prepararse para ese escenario) pero eso no impide seguir avanzando en otras áreas, como tratar de mejorar el sistema educativo en Chile. La crisis se está planteando para más corto plazo, lo que se está planteando aquí es una reforma educacional más estructural, que es algo que va a tomar un tiempo, que obviamente va a requerir más recursos, pero no es que requieran este año o el próximo”.

Según el académico de la Universidad de Chile, los estudios que se han realizado sobre el financiamiento de una reforma a la educación indican que recién podría estar en ejecución el 2018, considerando la dificultad para echar a andar las nuevas instituciones que ha demostrado el Gobierno, como la aprobada Agencia de Calidad.

Para Juan Guillermo Espinosa el panorama es claro y se vincula más a credos políticos que a problemas económicos reales.  “Detrás de esto está toda una ideología económica. Aquí se están tratando de disfrazar tecnocratismos con ideologías… esto es un enfoque económico de larga data, esto es lo que se llama la globalización financiera, esto es lo que se llama el pensamiento único neoliberal, que hay que siempre defender a los productores, defender a la oferta más que a la demanda.  Lo que busca ese enfoque es robustecer la economía financiera, ese enfoque es lo que ha traído creciente desigualdad en los países desarrollados y en desarrollo”, afirma.

Sin embargo, Espinoza confía en que “la realidad le va a quebrar la mano al Gobierno. Creo que más tarde o más temprano van a tener que aprobar una reforma tributaria. Entonces, como un acto de realismo político, Piñera va a terminar cediendo y va a terminar disponiendo esa reforma tributaria. Como en Chile somos campeones para hablar todos y no hacer nada… y este Gobierno ha sido altamente eficiente en su ineficiencia”.

Al parecer, más allá de enfrentar una debacle económica, el actual Gobierno deberá encarar la crisis de lo inevitable: las crecientes demandas por mejoras sociales frente a la resistencia a una reforma tributaria y un escenario externo que se mantiene lejano, pero inestable.