“¿Este es el candado que puso y prometió Piñera?”, se cuestionaba Carlos Covarrubias, el padre del menor de cinco años que fue baleado al interior de un bus del Transantiago que transitaba por Gran Avenida.

Este caso viene a engrosar la lista de los denominados Delitos de Mayor Connotación Social que, de acuerdo a un informe emitido por el Ministerio del Interior, aumentaron en 10 por ciento durante el tercer trimestre de 2011.

Según el estudio, el 37 por ciento de los casos policiales corresponde a robo con fuerza, mientras que el robo con violencia e intimidación alcanza un 9,8 por ciento y los homicidios y violaciones un 0,6 por ciento.

Los resultados de este informe caen como agua fría a un gobierno que posicionó la lucha contra la delincuencia como uno de sus principales objetivos. Para ello se emprendieron una serie de acciones que incluían mayores atribuciones a la cartera de Interior, que ahora incluso cuenta con una subsecretaría de Prevención del Delitos. Esfuerzos que, de acuerdo a las cifras, estarían siendo infructíferos.

Siguiendo la tónica de declaraciones previas, el vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, atribuyó este escenario a al abandono que hacen efectivos de carabineros de sus labores “propias y cotidianas” para resguardar el orden público en medio de las movilizaciones sociales.  “Cerca de un tercio de la dotación de Carabineros se ha tenido que emplear de forma intensa en todo lo que es el orden público, en el control del orden público, de la gente que hace daño, de los encapuchados, de lo que son las organizaciones de las manifestaciones”, indicó el secretario de Estado.

Sin embargo, según explicó a Radio Universidad de Chile el ex subsecretario del Interior y ahora diputado del PPD, Felipe Harboe, el contingente policial que se destina a las marchas no se relaciona con la cantidad de efectivos que se desempeñan en otras comunas que presentan altos índices delictuales. De hecho, el mismo informe señala que las zonas concentran mayor cantidad delitos de mayor connotación social- después de Santiago y Providencia – son San Miguel, Estación Central y Cerrillos.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, apuntaron sus dardos en contra de la labor de jueces y fiscales que permitirían que los imputados salgan en libertad fácilmente.

Una postura que fue rechazada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien aseguró que “la tarea de prevenir el delito, de controlar el orden público, es prácticamente en su totalidad del Gobierno. Nosotros perseguimos criminales que han cometido delitos, no los prevenimos, aún cuando nuestra información está disponible para determinar donde prevenirlo”, dijo Chahuán.

En la misma línea, Harboe señaló que esto es un problema de gestión de La Moneda y añadió que la estrategia de seguridad no está funcionando. “Lo que se prometió no se ha cumplido. Que el delito con fuerza esté en un 37 por ciento es un nivel muy delicado y es el alza más grande de los últimos años. Esto requiere que el Gobierno deje de preocuparse y empiece a ocuparse, que para eso lo eligieron”, concluyó el parlamentario.