Esta mañana, el Presidente Piñera y el ministro Bulnes firmaron el proyecto de ley que busca suplir las falencias de regulación del sistema educativo, y con ello cumplir con la ley que prohíbe el lucro en la educación superior.

Sebastián Piñera señaló que en esta discusión “ha habido mucho ruido, pero ha faltado profundidad”, señalando que esta iniciativa busca atacar el origen del conflicto: la desigualdad de la sociedad chilena.

“Lograr que nuestro sistema de educación sea un motor que iguale las oportunidades, que aplane la cancha, y que no siga perpetuando las desigualdades de una generación a otra”, indicó el Mandatario.

Piñera afirmó que “no es posible resolver en un año lo que se arrastra hace décadas”, ubicando la creación de esta Superintendencia dentro de otras iniciativas  planteadas durante este tiempo, y que el movimiento estudiantil ha calificado como insuficiente y que no apunta al cambio estructural que se necesita.

Por su parte, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, explicó que el nuevo organismo tendría la misión de reunir información de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, así como sus estados financieros semestrales, información académica como los grados de los académicos, jornadas laborales, tasas de deserción de los estudiantes, y las expectativas de remuneración y empleo. Además, se fiscalizará que no exista publicidad engañosa de ningún nivel.

El objetivo sería crear una institución que regule la educación tal cual se realiza en otros ámbitos, según planteó el ministro Bulnes, y apuntó que “esta Superintendencia será el guardián, el Sernac de la educación superior que irá detrás de cualquier institución, que haga precisamente lo que estamos prohibiendo. No queremos cobros abusivos, no queremos modificaciones unilaterales del contrato, esta entidad podrá investigar y sancionar a cualquier institución de educación superior que caiga en estas infracciones”.

Jesús Redondo, director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, manifestó desconfianza en lo que pueda hacer una superintendencia considerando los conflictos en otros ámbitos, y principalmente porque detrás reafirma un concepto clave, los estudiantes son consumidores y la educación un bien de consumo.

“Quiere decir que lo que está determinando es que los estudiantes son solamente clientes de un negocio, ese es el concepto del Sernac, que es para los consumidores. Entonces, está claro que siguen empeñados en que la educación es un bien de consumo y como máximo un bien de inversión. No están entendiendo que las sociedades que no tienen educación gratuita son sociedades sin futuro”, dijo el especialista.

En entrevista para Radio Análisis, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Eric Palma, señaló de manera categórica que para evitar el lucro, no es necesaria una superintendencia y que el ministro tiene la obligación de actuar.

“El ministro tiene todos los mecanismos, de tal forma que no hay argumento para decir que el ministerio no quiere investigar. Este es un caso típico de falta de acción del Gobierno, no se necesita la Superintendencia, para nada”, afirmó el académico.

Ahora corresponde que el Ejecutivo ingrese el proyecto de ley al Congreso para su discusión, en medio del debate presupuestario del sector que los parlamentarios deben definir bajo la presión de todo el país, en los próximos veinte días.