Los presos políticos mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) se apartaron del trabajo de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, que decidió abrir un debate sobre la modificación de la Ley Antiterrorista. Según indican a través de un comunicado, la finalidad de su lucha es por  su Pueblo Nación y no está enmarcada en la institucionalidad chilena.

Además señalan que no están dispuestos a ser parte del maquillaje de una ley espuria y que fue parte del genocidio de cientos de chilenos y
mapuches durante la dictadura militar.

“Lamentablemente cuando se desarrollan las leyes, éstas van a dar a un Parlamento del cual no sólo desconfiamos nosotros sino que la ciudadanía en general. Esto no tiene que ver con las personas que participaron en esta comisión sino que con la Ley Antiterrorista  que lamentablemente va a dar al Parlamento”, comentó la ex vocera de los mapuche en huelga de hambre, Natividad Llanquileo.

Los comuneros aseguraron que la intención de modificar la Ley Antiterrorista no prosperará y se desintegrará en un Congreso donde los poderes económicos tienen la hegemonía política, representados por los partidos de la Alianza, la Concertación y otros, en un equilibrio perfecto para mantener el status quo.

Esta comisión surgió al finalizar la última huelga de hambre en la que participa también el Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes de la Iglesia Católica. Sin embargo, con el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, aseguró que seguirá trabajando en una modificación que considera justa.

En cuanto a la situación judicial de los comuneros, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche presentaron una demanda internacional contra el Estado chileno por la aplicación de la Ley Antiterrorista y la negación de un debido proceso en el juicio que los condenó a cuatro y diez años de cárcel.

Inconformidad por condena a asesino de Matías Catrileo

De forma unánime, los ministros de la segunda sala penal de la Corte Suprema rechazaron la presentación realizada por los familiares del comunero contra las bajas penas asignadas en el fallo por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. Así, ratificó la sentencia, pero además, el máximo tribunal le otorgó libertad vigilada considerando atenuantes como la “irreprochable conducta anterior”.

En primera instancia la condena de Espinoza fue firmar regularmente durante estos tres años, y no se le impidió seguir en la institución. Incluso fue trasladado a la central de comunicaciones en Coyhaique, por lo que además, recibe una asignación de zona extrema que bonifica su sueldo.

Frente a esto los familiares presentaron un recurso ante la Corte Suprema en octubre de 2010, el que se revisaría a mediados de este mes de agosto. Sin embargo, la decisión se postergó continuamente lo que, según la madre del comunero, Mónica Quezada, fue “una falta de respeto”. La mujer afirmó que la sentencia es “dura, injusta y una falta de reconocimiento al derecho a la vida”.

“El asesino continúa libre aunque venga una vez a firmar, el resto del tiempo puede hacer lo que quiera, disfrutar de su familia, mientras nosotros tenemos que aceptar un fallo que permite ese nivel de impunidad”, comentó.

Además el fallo no se pronunció sobre la permanencia de Walter Ramírez en la institución, por lo que podría continuar en funciones, lo que calificó  de “indignante, una aberración”. Ahora deberán acudir nuevamente a la Corte Suprema a solicitar la baja.

Por su parte, la hermana de Matías, Catalina Catrileo, apuntó a la gravedad del precedente judicial que sienta esta resolución.

“Este es el único juicio por el asesinato de un comunero mapuche que se ha llevado hasta la Corte Suprema y es la prueba más grande de que el Estado chileno permite que Carabineros mate personas en el sur y los avalan y protegen. La decisión del tribunal de considerar como atenuante el que estaba realizando bien su trabajo en el fondo está diciendo que matar un mapuche- que está luchando por los derechos políticos y territoriales de su pueblo- es el actuar correcto de un agente policial de este país”, sostuvo Catalina Catrileo.

Los familiares hicieron un llamado al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a asumir las responsabilidades políticas de los crímenes cometidos por el Estado Chileno. Los comuneros ya presentaron una demanda civil contra el Estado por considerarlo el máximo responsable de este crimen, demanda que está en pleno desarrollo.