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¡La distorsión!

Columna de opinión por Sohad Houssein
Jueves 5 de enero 2012 17:11 hrs.


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Esta no es una columna acerca de límite entre lo público y lo privado en la vida de las personas, una vieja discusión que la mayoría de las veces se ha zanjado dejándola al criterio y la relatividad de los hechos.

Esta es una columna acerca de la relación entre lo público y lo privado en los Estados. Un tema que debiera estar claramente delimitado y resuelto. Sin embargo, con una Constitución que protege más la propiedad que a las personas y con un Gobierno donde los “conflictos de interés” de sus personeros entre sus labores privadas y su rol públicos están en contante contraposición, el límite se ha ido difuminando en varias áreas. Las consecuencias y los ejemplos son escandalosos.

La polémica generada por el famoso karaoke del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en La Moneda, en el que con unas copas de más le dedicaba canciones a su “archienemigo” Fiscal Nacional Sabas Chahuán, da cuenta cómo el secretario de Estado se comporta en el Palacio de Gobierno como si estuviera en el living de su casa. Fue excusado argumentando que se trató de una actividad privada. ¿Hay que llamar al 6904000 para arrendar el Centro de Eventos La Moneda?

Y aunque las leyes laicas de 1883-1884 dieron comienzo a la separación entre la Iglesia y el Estado en Chile, que se consagró finalmente en la Constitución de 1925, parece que el concepto aún no está claro. Y no me refiero a las intromisiones inadecuadas de la curia católica en asuntos civiles, peor aún, hablo de las propias autoridades de Gobierno. El mismísimo ministro del Interior celebró, también en el patio de La Moneda, la fiesta religiosa judía de Hanuká. En un Estado que se supone laico las festividades religiosas debieran quedar fuera de las puertas de los edificios públicos, más aún cuando se trata de un credo minoritario en el país. Si no, ¿por qué no celebrar también las conmemoraciones budistas, musulmanas, hindúes, etc.?

De todas formas, la instalación de “la virgencita de la Junji” en los albores de esta administración ya nos hacía suponer para dónde iba la cosa espiritual. La iniciativa, si no lo recuerda, fue de la polémica Ximena Ossandón, la del sueldo “reguleque”.

Y hablando de sueldos “reguleques”. La pertenencia arraigada de gran parte de los personeros de Gobierno al sector privado les hace difícil dejar de mirar a las empresas – de las que vienen y a las que se irán- y las remuneraciones que ahí obtienen. La vocación de servicio público, en muchos casos comparable con los breves periodos de turismo social que hicieron al alero de sus colegios o instituciones católicas, termina rápidamente por sucumbir frente a los interminables avatares de la administración del Estado (donde hay que hacer licitaciones, memos, sumarios y hasta hay una Contraloría) muy distantes de la gerencia de las empresas. De ahí la ola interminable de renuncias en estos dos años y también las salidas de madres que quedarán para la historia, como las de la señora Ossadón, y más recientemente de Gonzalo Díaz del Río, quien alegó que los tres millones y tanto de pesos que gana en la Seguridad Pública no le alcanzan para mantener a sus nueve hijos. Más allá de las comparaciones salariales ciertamente ofensivas para quienes ganan el sueldo mínimo, este funcionario intenta justificar sus falencias profesionales por el sacrificio de la mala paga en el sector público.

Aunque desubicados, estos reclamos no son tan graves como el verdadero conflicto de interés que se esconde detrás de la doble militancia pública y privada. Cuando tenemos en el Gobierno a dueños, amigos, compadres, socios o representantes de los grandes capitales del país la independencia se pone en duda. Al igual que cuando pasan, de un día para otros, de ser líderes de un sector gremial a ser ministros del ramo, como el caso del recientemente nombrado ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Agricultura.

También en asuntos más cotidianos muchas autoridades – y no sólo de este Gobierno- parecen no comprender la responsabilidad de lo público. Cuando el Estado no otorga los recursos suficientes para la salud, cuando aún hay damnificados del terremoto viviendo en mediaguas, cuando a diario conocemos casos de niños o adultos en riesgo de morir porque su familia no puede financiar un tratamiento médico, parecen inmorales las onerosas fiestas de fin de año de los ministerios y reparticiones públicas pagadas con platas del Fisco, los sueldos millonarios a jóvenes recién egresados de la universidad, los viáticos excesivos, los viajes innecesarios, los gastos de representación.

Tanto se han difuminado los límites, tanto se ha privilegiado la propiedad privada, que por estos días vimos con asombro uno de sus ejemplos más escandalosos cuando en la carretera concesionada le cobraron peaje a los carros de bomberos y otros voluntarios que acudían a apagar el incendio en el Biobío. Algo que había ocurrido anteriormente. No fue un error. El derecho de una empresa al pago estuvo por sobre la seguridad y el bien común de las personas.

Los ejemplos de confusión de prioridades y tergiversación de roles cunden. Lo que escasea son las voces y las propuestas para poner las cosas en su lugar: Al César lo que es del César.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.