La ley “Escuelas protegidas” se presenta como una respuesta urgente a la violencia escolar. Pero la evidencia que hemos recogido en establecimientos escolares del país muestra que un enfoque centrado en el control y la sanción no solo es insuficiente, sino que arriesga profundizar la fragmentación de las comunidades educativas que dice querer proteger.

Los problemas de violencia en el contexto educativo requieren una respuesta sistémica. Así lo evidencian de manera consistente las investigaciones internacionales, lo viven cotidianamente las comunidades escolares y lo confirman también los datos. Sin embargo, la ley “Escuelas Protegidas” parece dejar en segundo plano esta dimensión sistémica para centrarse casi exclusivamente en respuestas de carácter punitivo. La discusión de fondo, entonces, no radica en si debemos actuar, sino en qué tipo de respuestas impulsamos, desde qué supuestos comprendemos el problema y cuáles son las implicancias de estas decisiones para el propósito formativo y democrático de las escuelas en la sociedad.

Con un equipo liderado por la Universidad de O’Higgins desarrollamos un diagnóstico de la convivencia escolar en los establecimientos administrados por los primeros once Servicios Locales de Educación Pública. Combinamos análisis cuantitativos de los cuestionarios SIMCE con grupos focales y entrevistas con directivos, encargados de convivencia y equipos de los SLEP. Los hallazgos son claros e incómodos para la ley “Escuelas Protegidas”, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahora debe ser revisada por el Tribunal Constitucional.

Conflicto no es violencia

La primera confusión que el debate público arrastra y que esta ley reproduce es tratar conflicto y violencia como sinónimos. No lo son. La violencia implica daño físico o psicológico y, por supuesto, requiere respuestas firmes y proporcionales. El conflicto, en cambio, es una condición inherente a toda vida en común: donde hay dos o más personas, hay diferencias e intereses en tensión. Pretender una escuela sin conflictos no solo es ingenuo, es contrario a su propósito formativo. Nuestros datos muestran que los establecimientos educativos gestionan los conflictos y son un espacio donde niñas, niños y jóvenes aprenden a vivir con otros. La pregunta correcta no es cómo eliminarlos, sino cómo gestionarlos para que no escalen hacia la violencia.

La ley “Escuelas Protegidas” opta por una lógica fundamentalmente reactiva y de control: detectar, registrar, sancionar. Es una respuesta legítima frente a casos graves, que involucran uso de armas, delitos y agresiones serias, que sin duda existen y que las escuelas hoy enfrentan con escasos apoyos. El problema es que esa misma lógica se extiende para regular zonas del comportamiento escolar que son, en rigor, parte del proceso formativo: el uso de vestimentas, la interrupción de clases, las disputas cotidianas en el aula. Cuando todo se mira con lentes de seguridad, todo se vuelve sospecha. Así, esta legislación arriesga dañar lo que se quiere proteger.

Lo que dicen las escuelas (y los datos)

Nuestro estudio identificó tres grandes focos de tensión en la convivencia postpandemia: el deterioro del bienestar socioemocional de estudiantes y docentes, la complejización de los conflictos – incluyendo consumo y tráfico de drogas, violencia vinculada al entorno barrial y, en algunos territorios, porte de armas -, y la expansión de la conflictividad al ámbito digital, donde las redes sociales reproducen y amplifican hostilidades que luego aterrizan en el patio. Las estudiantes mujeres de enseñanza media, en particular, reportan percepciones más críticas sobre cómo se gestiona la violencia en sus establecimientos.

Frente a este escenario, las escuelas no han estado pasivas. Han actualizado protocolos, organizado actividades comunitarias, abierto espacios de participación estudiantil y desplegado prácticas pedagógicas innovadoras desde sus propios contextos. Lo que repiten una y otra vez, sin embargo, es lo mismo: faltan tiempo, recursos, formación específica y acompañamiento técnico sostenido; faltan también redes intersectoriales que funcionen cuando un caso desborda la capacidad escolar. Por otro lado, sabemos que estos casos extremos de violencia responden a causas diversas, como falta de atención oportuna en salud mental para jóvenes y sus familias, nulo acceso a espacios recreativos, deporte, arte o música en sus comunidades y vecindarios.

Nada de eso está en esta ley. Ni una línea sobre fortalecimiento de equipos de convivencia, formación docente en gestión formativa de conflictos, financiamiento para redes territoriales, salud mental escolar o apoyo a los liderazgos intermedios que el sistema ya tiene instalados (Servicios Locales de Educación Pública). Tampoco se señala nada en cuanto al apoyo a los estudiantes involucrados: un joven de 15 años que comete un acto de violencia siempre es una señal de alerta de un problema mayor que se viene incubando desde hace tiempo. Es un proyecto de ley que dice querer proteger a las escuelas sin dotarlas de aquello que estas han pedido para cuidarse y protegerse. Asimismo, no protege a los jóvenes, ni a las víctimas ni a los victimarios. Entonces nos preguntamos: ¿a quién protege esta escuela protegida?

¿Escuela protegida o escuela fragmentada?

La evidencia internacional sobre políticas punitivas y de tolerancia cero en las escuelas es consistente: no disuaden las conductas problemáticas y, en cambio, se asocian con riesgos significativos para la salud y el desarrollo del estudiantado. En Estados Unidos, la investigación muestra incluso que las suspensiones escolares predicen un aumento posterior de conductas delictivas en los mismos estudiantes sancionados. En el contexto chileno, los riesgos se amplifican: deterioro del vínculo pedagógico, mayor deserción escolar y profundización de la percepción negativa hacia la educación pública, justo donde las brechas de equidad ya son más agudas.

Lo que está en juego es la confianza. Cuando un estudiante entra todos los días a un espacio donde puede ser registrado, donde su palabra vale menos que el relato escrito de un adulto que ahora tiene carácter de antecedente suficiente, y donde cierta vestimenta opera como presunción de peligro, lo que se erosiona no es la conducta problemática: es el vínculo que hace posible enseñar y aprender. Y sin ese vínculo, la escuela deja de ser escuela.

Particularmente preocupante es la combinación de los siguientes elementos de “Escuelas Protegidas”. Primero, la habilitación para que Carabineros y la PDI ingresen a un establecimiento a registrar a un estudiante sin orden del fiscal cuando este se niega a la revisión y su apoderado no acude. Segundo, la incorporación como falta grave de “aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de las clases”, una redacción amplísima que puede capturar desde una crisis de desregulación emocional hasta una movilización estudiantil. Y tercero, la pérdida temporal de la gratuidad en educación superior para quienes ya han recibido una condena por haber cometido delitos, es una sanción adicional que puede afectar negativamente la trayectoria educativa y oportunidades sociales futuras de las personas.

Sin una comprensión y una legislación sistémicas del problema de la violencia en un país como Chile, con un sistema educativo altamente privatizado y socioeconómicamente segregado, se corre el riesgo de reforzar la exclusión de los mismos de siempre.

Se han introducido correcciones relevantes en algunos de estos puntos, como excluir las crisis emocionales y las condiciones de salud, el neurodesarrollo o la discapacidad de las sanciones por interrupción de clases; acotar la inhabilidad para la gratuidad a cinco años y solo para mayores de edad; y precisar el procedimiento de revisión. Son ajustes que reflejan una preocupación legítima por los derechos en juego. Pero no cambian la pregunta de fondo: ¿qué tipo de escuela estamos construyendo cuando legislamos casi exclusivamente desde la lógica de la seguridad? ¿A quién protege la escuela protegida?

Hay una paradoja en el corazón de esta ley. Para responder a la violencia, se instalan dispositivos que tensionan los vínculos al interior de la comunidad educativa: docentes investidos de autoridad, cuya palabra basta para abrir procedimientos disciplinarios; estudiantes objeto de revisión; apoderados convocados como contraparte cuando hay negativa; policías que ingresan al establecimiento. Cada uno de estos actores se sitúa en una posición que dificulta precisamente aquello que la convivencia democrática requiere: relaciones horizontales, diálogo y corresponsabilidad. La Ley refuerza una autoridad pedagógica entendida como verticalidad, justo cuando la evidencia muestra que los liderazgos escolares más efectivos son aquellos que distribuyen responsabilidades, construyen confianza y promueven la participación estudiantil.

No hay escuela protegida sin un sistema que proteja

Un abordaje serio de los problemas de convivencia escolar tiene que partir reconociendo que el fenómeno es estructural, territorial y diferenciado: no se gestiona igual en una escuela rural unidocente del sur que en un liceo emblemático de la capital. Tendría que invertir en formación inicial y continua de docentes y directivos en enfoques restaurativos, regulación emocional y convivencia digital. Tendría que fortalecer el rol del/a encargado/a de convivencia escolar con dotaciones suficientes, estabilidad contractual y tiempo protegido para el trabajo preventivo. Tendría que consolidar los Servicios Locales de Educación Pública como un dispositivo localizado, de manera estratégica, para acompañar en terreno, articular redes intersectoriales y sostener procesos a mediano plazo. Tendría que garantizar el acceso oportuno a salud mental escolar.

Nada de lo anterior requiere oponerse a que haya sanciones cuando las haya que haber. La convivencia pacífica y la convivencia democrática no son alternativas excluyentes: son dos caras del mismo proyecto educativo. El problema es que cuando una cara se hipertrofia, la otra desaparece. Y lo que nos queda no es una escuela protegida, sino una escuela vigilada.

El avance de la ley “Escuelas Protegidas” nos pone ante preguntas que no son solo técnicas, sino también sobre qué clase de comunidad queremos que sean nuestras escuelas. Esta respuesta será también la respuesta sobre el tipo de sociedad que esta ley construye. Una respuesta seria a la violencia escolar pasa por reconocer que la protección verdadera no se construye levantando muros internos, sino tejiendo los vínculos que ya están desgastados. Eso cuesta más, demora más y se ve menos en una foto. Pero es lo único que funciona.

Manuela Mendoza Horvitz, académica del Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de O’Higgins y Romina Madrid Miranda, senior Lecturer en Liderazgo Educativo, University of Stirling.