Me costó dar con la palabra. Tengo la sensación que nuestros dirigentes, nuestros referentes, están fuera de lugar. Y este no es un juicio de valor. Simplemente quiero decir que, con buenas o aviesas intenciones, no lo hacen bien. El respeto por las instituciones está en el suelo. Actividades esenciales para la vida en sociedad son execradas por una ciudadanía hastiada, desconfiada y burlada.

En estos días, tenemos un ramillete de muestra. Podemos empezar por los más escandalosos.  El Ministerio de Educación resuelve cambiar la palabra dictadura por régimen militar. En el mundo entero la dictadura militar chilena encabezada por el general Pinochet, es un ejemplo. Un ejemplo de barbarie, de bestialidad, de atropello a los Derechos Humanos. Aquí, pues, nuestra derecha decide torcerle la nariz al idioma.  Y se despacha esta manifestación de creatividad que es aviesa, pero es desubicada. ¿En qué mundo están viviendo?

Otra. El incendio que afectó a la Forestal Mininco, que es parte del grupo CMPC, una de las compañías más grandes del sector en América Latina. Allí mueren siete brigadistas.  El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se apresura a  denunciar la intencionalidad del hecho.  Y como prueba entrega declaraciones de empleados de la empresa.  Más de cincuenta focos se habrían encendido simultáneamente. Responsable: la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). No se ha producido un juicio, las pruebas no han sido entregadas.  Aún se está en etapa de investigación. Es más, si las autoridades máximas del país -el presidente Piñera sostuvo lo mismo que su ministro- tienen la convicción de algo, debe ser porque cuentan con pruebas.  Pero no las tienen.

Y las siete  víctimas son utilizadas como una especie de cartel publicitario para echarle más gasolina a esta hoguera terrorista. Nada se dice de la responsabilidad que pueda tener Mininco. Ninguna reconvención siquiera por contar con personal bisoño, prácticamente sin ninguna preparación, para una tarea tan peligrosa como combatir el fuego.

En la misma zona, la Corte Suprema de Justicia debió pronunciarse acerca del accionar de Carabineros. En una de sus periódicas y abusivas incursiones a las comunidades más conflictivas, en este caso la comunidad Ignacio Queipul, la policía detuvo a un menor de 13 años, Felipe Marillán.  Fue maltratado, vejado. La Corte les dio la razón a los mapuches.  El joven fue liberado de culpas.  Las acusaciones de la policía no se sostenían.  Y sus atropellos fueron probados incluso con testimonios gráficos.  Sin embargo, el Tribunal de Familia de Collipulli dictaminó que el joven Merillán debe someterse a tratamiento psicológico durante seis meses.  No por los daños que él sufrió producto de los balines que impactaron  en su cuerpo o el TEC que le produjo un pisotón en la cabeza propinado por uno de los funcionarios policiales. Seguramente la terapia deberá estar encausada a borrar de la mente del adolescente el rechazo a esta autoridad abusiva. Carabineros que participaron en los hechos no tuvieron condena judicial alguna.

Y seguimos.  El 2011, fue el año en que se produjeron más reclamos por la conducta ética de los abogados. Sólo diez de los 63 casos que recibió el Colegio de Abogados terminaron en sanción. Se trata de dolo, robo de dinero, incumplimiento de contrato, negligencia y otras conductas reñidas con la moral profesional. Curiosamente, el Colegio respectivo entregó la información, pero se guardó los nombres de los sancionados.

A la Iglesia Católica también le corresponde un grado de desubicación.  Los resultados de la encuesta UC – Adimark 2011 fueron esclarecedores. El índice de confianza en ella llega a sólo 29%. Las razones de este decrecimiento son varadas.  Influyen de manera determinante la seguidilla de abusos cometidos por sacerdotes.  Especialmente el que tuvo como protagonista a Fernando Karadima. Pero esa no es la única razón del descrédito. Los encuestados ven a la Iglesia más cerca de los ricos, de los adultos, de la derecha, de las mujeres y de los que tienen poder. El muestreo también detectó que un 65% de los encuestados consideró que la fe se puede vivir sin pertenecer a ninguna iglesia. Para el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras, este es uno de los signos más elocuentes y preocupantes que arroja la encuesta. Desubicado.

Que Hernán Büchi manifieste su “pena” porque “los estudiantes lo único que hacen es pedir” y no aportan soluciones, es verdaderamente “penoso”.  Su desubicación la determina claramente su ideología. Por fortuna, hoy Büchi no ejerce cargos públicos como lo hizo durante la dictadura, ya que lo que sostiene es un anacronismo.  Las soluciones no pueden venir de quienes enfrentan al poder. Es el poder el que debe enmendar los errores sociales que le ha hecho cometer su insensibilidad y avaricia.

Y termino con el ex Presidente Ricardo Lagos. Resulta impresentable que él diga que fue prácticamente prisionero de la derecha.  Esta fue la que le habría impedido realizar cambios sustantivos en materia política.  Lagos fue presidente durante seis años.  Fue ministro –de Educación y Obras Públicas- durante otros cuatro. ¿Por qué soportó tanto tiempo ese cautiverio?  ¿Por qué no hizo un gesto de verdadero líder y denunció a la derecha ante el pueblo y le pidió a éste que decidiera? Estaba desubicado.  No le correspondía el lugar que ocupó.