Hasta 242 mil pesos puede llegar a costar, e incluso superar esa cifra, las compras escolares a las que varios apoderados y padres de estudiantes se verán enfrentados en marzo cuando se reinicien las clases.

De esta suma, el 74 por ciento corresponde a los textos escolares; dado que un consumidor podría llegar a tener que pagar casi 164 mil pesos en una lista de libros.

Cotizando, según el estudio del Sernac, se pueden encontrar diferencias de más de 8 mil pesos entre distintos libros, no obstante, en el 71 por ciento de los productos las variaciones de apenas 500 pesos, mientras que 92 ejemplares, de los 509 cotizados tienen precios idénticos.

El director de la institución, Juan Antonio Peribonio, lamentó esta realidad y llamó a reciclar libros de parientes o conocidos en vez de adquirir nuevos textos.

En esa misma línea, Peribonio aseguró que todos los antecedentes recabados por la investigación serán enviados a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se analice si se están respetando las normas de la libre competencia.

“Nos preocupa que exista un mercado tan reducido donde los textos puedan tener una variación tan mínima de precios, por lo tanto, la libertad de elegir se restringe y cuando eso pasa, hay que preocuparse siempre. Cada vez que notamos eso vamos a preocuparnos y por lo mismo le enviamos los antecedentes a la fiscalía”, explicó Peribonio.

Por esto también llamó a los establecimientos educacionales a no exigir la compra de nuevos ejemplares si las ediciones anteriores no contemplan cambios mayores.

La investigación también arroja que las editoriales Santillana y SM concentran un 70 por ciento del mercado y que, en general, el 86 por ciento de los precios mínimos se concentran en supermercados y un catorce en librerías, mientras que la mayor cantidad de los precios más altos se encuentran en las multitiendas.

“El hecho que exista una alteración a las normas de la libre competencia implica necesariamente una afectación a los derechos del consumidor porque se influye el precio y el derecho a la libre elección que tenemos los consumidores. Ya en 2000, la Fiscalía Económica a través de una circular emanada de la comisión preventiva señaló que ningún establecimiento puede obligar a los papás a comprar útiles escolares de una determinada marca o un lugar. El mismo principio debe defenderse con los textos”, indicó la autoridad.

Aún así, el director admitió que el estudio del Sernac no incluyó la cotización en puntos de venta alternativos como las ferias de libros que se encuentran en la calle San Diego, por ejemplo.