El pasado lunes los presidentes de los partidos de la Concertación dejaron ver su intención de estudiar una acusación constitucional al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por la represión policial con que se ha enfrentado al Movimiento Social de la Región de Aysén.
Esta idea fue fortalecida cuando el Ejecutivo decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado para procesar a manifestantes de las movilizaciones en el sur del país, lo que ha dejado a varios parlamentarios en disposición a aprobar dicho recurso.
Uno de ellos es el saliente presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Sergio Ojeda, quien si bien reconoció la dificultad de esto, dada la mayoría del oficialismo en el hemiciclo, dijo que un acto como este vendría bien como una señal política.
“Creo que ya se le han perdonado muchas cosas al ministro del Interior y lo de Aysén es la gota que rebasó el vaso. Soy partidario de una acusación constitucional y espero que mi bancada también lo apruebe. Pese a que en la Cámara no tenemos mayoría, de todas formas, creo que estas acciones manifiestan –al menos – una conducta de apoyo hacia quienes han sido duramente reprimidos”, sostuvo el legislador.
Al mismo tiempo, el diputado democratacristiano dijo que la Concertación debería tener una postura más fuerte al respecto dada la gravedad de los hechos.
Sin embargo, desde el oficialismo inmediatamente se rechazó esta idea, y fue el diputado de Renovación Nacional, Pedro Pablo Browne quien aseguró que no existen méritos para una iniciativa de este tipo.
El legislador RN dijo que en el oficialismo apoyan las manifestaciones pacíficas, pero aseguró que la acción de Carabineros, coordinada por el ministerio del Interior, responde a actos de violencia, por lo que calificó el anuncio de la oposición como “un berrinche más de la Concertación”.
“Aquí lo único que se ha hecho es tratar de que prevalezca el orden público y que el ministro cumpla con su trabajo. Si él no lo hiciera habría razones suficientes para acusarlo por incumplimiento de su deber en el que ha sido mandatado por el Presidente de la República. Yo creo que este es un berrinche más de la Concertación que, en definitiva, trata de plegarse a cualquier manifestación, movimiento social, o demanda ciudadana, en circunstancias en que tienen un tremendo tejado de vidrio”, sentenció el parlamentario.
Aun así, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, enfatizó que todos los sectores deben apoyar esta acusación para acabar con las prácticas policiales que acusó, está instaurando el ministro Hinzpeter.
“Todas las personas de buena voluntad de Gobierno o no deben generar las condiciones para detener una configuración de política en el Ministerio del Interior basada en un orden público establecido por la fuerza de las armas, de la represión de Carabineros y de Fuezas Especiales, que es un potencia militar encubierta”, aseguró.
Los dirigentes de la Concertación mandataron a los jefes de bancada a conversar esta posibilidad durante la semana, por lo que en los próximos días, debería haber una decisión final respecto de la acusación.