El miércoles en la mañana los diputados Gabriel Ascencio, Sergio Ojeda y Gabriel Silber presentaron un proyecto para derogar la Ley de Seguridad del Estado, acusando que ésta ha sido usada por el Gobierno como un instrumento más bien político que de orden público.

Esta acción fue motivada luego de que dicha normativa fuera invocada en contra de 22 personas de la Región de Aysén, por parte del ministerio del Interior, acusándoles de dirigir manifestaciones y enfrentamientos con la policía en la movilización social en esa zona.

El diputado Silber aseguró que dicha legislación es extemporánea al actual sistema democrático y aseveró que debe ser eliminada “de una vez por todas.

“Ante el uso y abuso de lo que consideramos en democracia un cuerpo legal que no debe tener cabida en un Estado de derecho, estamos poniendo fin a Ley de Seguridad Interior del Estado”, dijo el parlamentario.

Al mismo tiempo, el legislador de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Sergio Ojeda, cuestionó a La Moneda por mostrarse a favor del diálogo en este tipo de circunstancias, en contraste con los contingentes policiales que se han enviado para actuar ante las manifestaciones.

“No entendemos cómo el Gobierno que habla de reiniciación del diálogo sigue operando de esta manera. Las denuncias que  hemos recibido son graves y quiero pedirle al Ejecutivo que por favor termine con la represión, retiren las Fuerzas Especiales de Aysén y Coyhaique porque no son necesarias”, sentenció Ojeda.

El coordinador del área de ciudadanía del Observatorio Ciudadano, José Araya, dijo esta iniciativa es bienvenida. “Esta legislación, así como la Ley Antiterrorista, deberían hace mucho tiempo haber sido modificadas. No tenemos por qué esperar una huelga de hambre como la mapuche para hacer los cambios y que estalle lo de Aysén”, aseguró.

En esa línea, Araya coincidió con el diputado Silber, en que esta es una normativa que sólo apunta amedrentar a los movimientos sociales a través de una instrumentalización política que es “mal utilizada” por los Gobiernos de turno.

“El uso de la Ley Interior del Estado es instrumental – político. Aquí lo que se busca es asustar a la gente, amedrentar a los dirigentes y perseguir algunos hechos que pudieran tener carácter delictivo. Para eso, está el sistema penal actual y eso es suficiente para investigar situaciones que pudieran ser de preocupación de la comunidad local”, afirmó.

Cabe mencionar que los parlamentarios de la Democracia Cristiana que presentaron la iniciativa esperan tener el apoyo de todos los legisladores de la oposición, además de algunos oficialistas.