Un amplio rechazo manifestaron las organizaciones ciudadanas de Ñuñoa a la decisión del alcalde Pedro Sabat, de dar su voto para que la empresa Dimarco S.A. se adjudicara por licitación pública los servicios de extracción de residuos domiciliarios y barrido de calles.

La controversia se desató porque la compalía  forma parte del Grupo Urbaser – Danner, así como también la empresa KDM S.A. de la cual Claudio Sabat Pietracaprina, hermano del alcalde, es uno de sus gerentes zonales.

En este sentido, el presidente de la ONG Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, explicó que, con no presentar su abstención, el edil violó todos los principios de probidad administrativa.“Se pasó por alto el artículo 62, número 6, de la ley 18575, en el que se habla de las incompatibilidades que tienen los funcionarios para tomar decisiones respecto a parientes. Esto también está reflejado  en el dictamen N° 7480, del año 2010, emitido por la Contraloría General de la República”, detalló Herman.

De adjudicarse la licitación, la empresa se haría cargo del servicio por seis años, por una suma cercana a los 18 mil millones de pesos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por cinco miembros del Consejo Municipal, quienes afirmaron la oferta era significativamente más costosa para el Patrimonio Municipal.

Pese a esto, la adjudicación sigue pendiente, ya que la sesión del concejo del pasado 21 de marzo, donde el alcalde repuso el tema, no se realizó por falta de quórum y, por lo tanto puede adjudicarla solo, de acuerdo al principio de silencio administrativo que le otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Frente a esto, las organizaciones presentarán este martes el caso a la Contraloría General de la República ante lo que consideran “un nuevo caso de negociación incompatible y un notable abandono de funciones por parte de la máxima autoridad edilicia”. Algo que no es nada nuevo en la conducta de Pedro Sabat, según afirmó la presidenta del Colegio de Profesores de Ñuñoa, Alejandra Placencia.

“Es un práctica recurrente por parte del alcalde tomar decisiones de forma unilateral o, en su defecto, que el Concejo Municipal dé apoyo a mociones que van en contra de la probidad y que respaldan, de algún modo, redes que son parte de la gente de confianza del alcalde”, sostuvo Placencia.

Según Moisés Scherman, de la Red Ciudadana por Ñuñoa, de esta manera, se agrava el descontento de las organizaciones ante una serie de decisiones que ha tomado el municipio y que corresponden a una visión altamente privatizadora que limita el desarrollo comunal, tal como indicó.

“Desde la concesión, por ley, del Parque Gorostiaga, un espacio público, después con el tema de la pérgola de la Plaza Ñuñoa tenemos una marea privatizadora del alcalde Sabat. Permanentemente, a través  de su gestión, está favoreciendo a la empresa privada, afectando seriamente el patrimonio municipal de todos los ñuñoínos, sin permitir que estos recursos se destinen bajo las formas de políticas municipales de protección social”, indicó Scherman.

Las organizaciones sociales indicaron que seguirán fiscalizando este tipo de medidas y que “van a acudir a todas las instancias legales que sean necesarias para lograr que las ñuñoínas y ñuñoínos vivan en una comuna democrática y con un gobierno local que actué de acuerdo a derecho, con transparencia y probidad”.