El vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, presentó un requerimiento en la Contraloría General de la República, para que el organismo revise la legalidad del decreto del Ministerio de Desarrollo Social, donde se congelaron los puntajes de la Ficha de Protección Social.

La consulta no sólo está basada en este procedimiento, sino que antes de hacerlo, se aumentaron en 8 mil a 10 mil puntos los indicadores, según denunció el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro.

Por ello, el parlamentario solicitó un dictamen administrativo por parte del organismo contralor, para que se pronuncie respecto a una eventual ilegalidad del decreto.

“Lo que ha hecho el ministro antes del congelamiento es aumentar en promedio 8 mil y 10 mil puntos a miles de familia, lo que les impide el acceso hoy a un conjunto de programas sociales, ya sean viviendas, salas cuna, becas de alimentación y de estudio, programas de pro empleo. Ese puntaje ya está establecido. Aquí un trabajador de pro empleo se levantó en la mañana con 3 mil 500 puntos y se despertó con más de 11 mil, lo que incluso arriesga a que le quiten el programa de empleo del Estado”, denunció el senador del Movimiento Amplio Social (MAS).

Este incremento de los puntajes se debió al cruce de datos entre distintos ministerios y el Servicio de Registro Civil.

Alejandro Navarro criticó la medida implementada por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.  “El ministro ha intentado eliminar a los pobres por decreto. Ha cruzado los datos de impuestos internos, del Ministerio de la Vivienda, de Educación y se ha castigado a todos los que han logrado superar el cuarto medio. Con políticas del Estado han llamado a la población a estudiar, pero una vez que han finalizado la enseñanza media y han intentado ingresar a un instituto, le hemos subido el puntaje en 8 mil puntos para dejarlos fuera de todo beneficio social. Una vez más, la clase media es castigada y, por cierto, el ministro dice que se congela esta política, pero es como congelar un yogurt vencido porque el daño ya está hecho”, dijo.

Según Navarro, durante 2012, cientos de miles de personas van a verse perjudicados porque los alcaldes y los programas de diversos ministerios van a apelar al dato duro para consultar sobre la aplicación de beneficios sociales.

Por ello es que el legislador solicitó que esta política de Gobierno quedé sin efecto, “hasta que la nueva ficha refleje la realidad de la condición económica de cada familia”, sostuvo.

Una opinión similar manifestó Roxana Miranda, dirigenta nacional de Andha Chile a Luchar Democrático que estuvo en La Moneda cuando el ministro Lavín anunció el congelamiento se los puntajes de la Ficha de Protección Social.

La vocera, sostuvo que la nueva Ficha debiera parecerse a la Encuesta Casen para medir, efectivamente, el nivel socioeconómico de cada familia.

“La Encuesta de Protección Social es una herramienta que se ocupa en todos los ministerios y que la adecúan según los deciles y van entregando beneficios, entonces si tienen poca plata, suben los puntajes y dejan contentos a unos poquitos. Aquí mientras no se mida efectivamente la vulnerabilidad de las familias, esto va a ir de mal en peor”, sostuvo.

Además, la dirigenta añadió que personeros de la cartera de Desarrollo Social se comprometieron a revisar el aumento de los puntajes en la Ficha de Protección Social.