“No es el momento para el arrebato llevado por la indignación”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, tras calificar de arbitraria, extravagante y sin precedentes la decisión de la Presidenta Cristina Fernández de nacionalizar la filial argentina de la petrolera española Repsol, lo que ha provocado la mayor crisis diplomática tras el regreso de la democracia a los dos países.

El Canciller español recordó que un 32 por ciento de los casos pendientes de arbitraje en el comercio internacional corresponden al actual Gobierno argentino, por lo que cualquier temor a futuro es fundado ya que países como México y su exportación de automóviles están siendo afectados también por el proteccionismo de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministro de Industria, José Manuel Soria, encargado de las negociaciones directas con Buenos Aires, aseguró que se ha roto un acuerdo verbal, suscrito el pasado 28 de febrero.

“Es una decisión hostil contra Repsol y por tanto contra España. El Gobierno de España, que trabaja en medidas que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días, actuará en consecuencia”, advirtió el titular de Industria luego de precisar que las medidas de represalia se adoptarán en distintos ámbitos como el diplomático, comercial, energético e industrial.

Soria indicó que la decisión del Gobierno argentino es “arbitraria y doblemente discriminatoria”, porque a pesar del discurso de la Presidenta Fernández de recuperar para Argentina la producción de hidrocarburos, sólo se ha tomado esta medida sobre una empresa española de este ramo, cuando hay otras compañías operando en el país sudamericano.

El responsable de Industria, que manifestó su temor porque puedan verse afectadas otras empresas ibéricas presentes en Argentina, dijo que la expropiación también resulta discriminatoria porque sólo se ha alterado el accionariado de Repsol en YPF.

El Gobierno español es consciente de que su respuesta a Buenos Aires podría afectar a otras empresas ibéricas de los sectores financiero, telecomunicaciones y energético que tienen intereses e inversiones en Argentina, por lo que calibrará mucho el alcance de las medidas según los analistas.

“Esperemos que este clarísimo gesto de hostilidad hacia una empresa española no sea el principio de una escalada que solo agravaría la situación”, advirtió Soria.

La mayoría de los partidos españoles han cerrado filas con el Gobierno conservador. La principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ofreció su respaldo al Ejecutivo de Rajoy en su contencioso con Buenos Aires, aunque le demandó que actúe con inteligencia.

Por su parte, los partidos nacionalistas vascos y catalanes también apoyaron las acciones que pueda emprender el Gobierno de Rajoy, ante lo que consideran una “injustificada” intervención, impropia del siglo XXI.

Izquierda Unida (IU) ha sido el único gran partido ibérico que se ha mantenido a una prudente distancia de las tesis oficiales, tras reprochar al Gobierno español mantener una postura colonialista frente al conflicto diplomático abierto por la nacionalización de YPF, que crea un escenario de incertidumbre en Argentina donde la inversión ibérica alcanzó los 11 mil 580 millones de euros en 2011, haciendo del país sudamericano el sexto destino de flujo de inversión bruta en América Latina, según el Ministerio de Economía y Competitividad.

El Presidente Rajoy viaja este martes a México y Colombia en su primera gira por América Latina y con el objetivo de recabar el apoyo de estos dos países en el contencioso que enfrenta a Madrid con Buenos Aires.

Por su parte, Repsol aseguró que tomarán todas las medidas a su alcance contra el Gobierno argentino, incluyendo demandas constitucionales, administrativas, mercantiles y civiles.
El Presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, anunció que pedirá al arbitraje internacional una compensación pronta de daños por las acciones nacionalizadas de al menos 8 mil millones de euros.

El máximo responsable de Repsol denunció una campaña de hostigamiento y de coacción, “calculadamente planificadas para provocar el derrumbe del precio de las acciones y facilitar la expropiación (de YPF) a precio de saldo”.

“La medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica”, señaló la petrolera española en un comunicado.