El envío del proyecto de nacionalización de las acciones de YPF en manos de la española Repsol por parte del Gobierno argentino genera un cuadro de posibilidades que, más allá de las razones y argumentos de los contendientes, producirá consecuencias que pueden ser previstas.

En efecto, Repsol controla el 57,4 % del capital de YPF, compañía de la que el Ejecutivo argentino busca controlar el 51 %. De ese 51%, el proyecto de la Casa Rosada señala que el 51% será administrado por el Gobierno Central y 49% por los gobiernos provinciales en los que existen yacimientos que controla YPF.

Del 49% restante global, queda parte del paquete accionario de Repsol que el proyecto no toca, 6,4%. Asimismo, del 42% siguiente, otro 25% pertenece al grupo argentino Petersen, de la familia Esquenazi, que llegó a la propiedad de la mano del ex Presidente Néstor Kirchner, cuando en la década de los 90, se aprobó la privatización de YPF por parte del Gobierno del marido de la actual mandataria. El 17% restante es propiedad de diversos fondos de inversión y accionistas menores, entre los cuales está la chilena Enap, que tiene la concesión del yacimiento Cañadón Perdido-Campamento Central -en partes iguales con YPF- con una inversión de US$ 47 millones.

De allí que la Presidente Fernández haya dicho que no se trata de una expropiación, sino de una “recuperación” de las acciones de la compañía hispana –acusada de no invertir ni producir todo lo necesario para abastecer el mercado interno, transformando a Argentina en importador de US$ 3 mil millones anuales en crudo- y que mantendrá el modelo de S.A. con que actualmente opera. La misma razón llevó a Repsol a calificar la acción argentina como “discriminatoria”.

Dado este orden de propiedad, los hechos que desata la decisión pueden enumerarse:

1.- En el Congreso argentino se trabará una lucha interna entre los sectores nacionalistas y liberales que estiman que la determinación afectará la economía argentina, ante la pérdida de certeza jurídica, hecho que puede incidir en la confianza de los inversionistas en el país.

2.- España acudirá  a los organismos económicos internacionales con el propósito de defender la posición de Repsol y sus contratos, exigiendo las compensaciones que derivan de aquellos y que ya han cuantificado en alrededor de US$ 10,5 mil millones, considerando un valor de mercado de YPF de US$18,3 mil millones (US$46,5 por acción), en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF. Desde luego, la cifra implica la venta del total de sus acciones para no quedarse con el 6,4% que no se considera en el proyecto, pues es capital “retenido”, sin poder de administración. YPF entiende que el Gobierno argentino debería lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA).

3.- Argentina, cuyas reservas en dólares no superan los US$45 mil millones, discutirá el valor de compensación español. De hecho, algunos de los ministros de Fernández ya han dicho que YPF provocó a Argentina daños ambientales por US$9  mil millones, lo que sugiere el precio que Buenos Aires está dispuesto a pagar en el evento de indemnizaciones (US$ 1,5 mil millones).

4.- Argentina no tiene acceso a los mercados financieros internacionales desde los 90, cuando cayó en default y obligó a los tenedores de sus bonos de deuda a una quita de alrededor del 70%, razón por la que aún mantiene litigios con Fondos de Pensiones europeos. Tras el anuncio de Fernández, los papeles argentinos que aún se transan en bolsas cayeron fuertemente y los ADR de YPF se desplomaron 11% en Nueva York. Para los tenedores de la deuda YPF, la nacionalización es considerada otro default. Asimismo, recientemente el Ejecutivo fue autorizado por el Congreso –donde tiene mayoría- para usar unos US$ 6 mil millones de las reservas del Banco Central Federal, dando como señal a los mercados que Buenos Aires tiene problemas con las divisas, motivo por el que su tipo de cambio tiende a revaluarse haciendo caer la capacidad de compra de la moneda trasandina.

5.- Al caer el poder de compra del peso y aumentar el del dólar, se produce inflación, lo que en el mediano plazo le generará problemas políticos y sociales al Gobierno. Las importaciones, en tanto deben realizarse prácticamente al contado, produciendo aún mayor presión sobre el dólar y encareciendo aún más las internaciones de crudo que realiza, porque el reemplazo de aquellas por producción nacional demorará varios años y las inversiones que se requieren podrían ser esquivas.

6.- En el evento de cierta fuga de capitales, Argentina podría contar con la solidaridad de algunos países con los que ha ido acrecentando relaciones, tales como China y Rusia. Aquello tendrá efectos geopolíticos, especialmente por la posición de EE.UU., el que se verá forzado a apoyar a España y la Unión Europea, exigiendo respeto a las inversiones extranjeras, los contratos y, por consiguiente, validando el pago de las compensaciones que pide YPF.

7.- En todo caso, tanto EE.UU. como Europa actuarán dentro del marco jurídico internacional –la ultima ratio de la intervención militar no es un escenario previsible- debido a que Fernández no ha vulnerado las bases del sistema (ha respetado el derecho de propiedad de todos los demás accionistas), sino que está “recuperando” un patrimonio concesionado a través de un proceso legítimo y soberano que, por lo demás, debe aún transcurrir para hacerse efectivo.

8.- En el intertanto, con un proceso que previsiblemente demorará, el Ejecutivo ya está manejando YPF tras la verdadera “toma” de administración que realizó en paralelo al anuncio de “recuperación” y, por consiguiente, si tiene una rápida aprobación en el Congreso, como se prevé, podría demostrar que la firma funciona mejor con la nueva gerencia, accediendo, además, a los esquivos dólares que la exportación de crudo le entregará.

9.- Dada la escases de petróleo en el mundo y la tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el valor del barril supera hoy los US$ 100 y no hay visos de que vaya a bajar mucho en el futuro, aún con recesión en Europa, actividad económica ralentizada de EE.UU. y una caída de actividad en China, por lo que los eventuales nuevos ingresos facilitarán su estrechez en divisas, si es que consigue mantener la organización productiva de YPF, sin migraciones de profesionales, trabajadores especializados y proveedores dispuestos a seguir entregando sus insumos.

10.- Países como China pueden ser compradores netos de estas exportaciones. Por lo demás, con la decisión, el Gobierno argentino se apropia del yacimientos de “Vaca Muerta”, una enorme formación de hidrocarburos no convencionales (barros de alta densidad y cara refinación que no hacen rentable aún su explotación comercial) descubierta en 2011, en el suroeste de Argentina por YPF.

11.- España (YPF), pues, está en situación compleja de la que debe salir airosa, aunque habiendo colocado ya un precio a sus acciones, la señal de su victoria o derrota estará dada por dicha negociación. Por este motivo, es probable que Madrid mueva influencias entre sus socios y “aliados” –como agresivamente usó el castellano el Gobierno hispano- de Europa y EE.UU., apuntando a dos pilares del sistema mundial de comercio: el derecho de propiedad y la seguridad jurídica de las inversiones, de manera de conseguir apoyos jurídicos y “extrajudiciales”. Desde ya, una reunión planificada para el 19 y 20 de abril entre la Comisión Europea y Argentina en B. Aires fue pospuesta por considerar “ilegal” la expropiación, sin una “compensación justa, adecuada y pronta”, como la calificó Pia Ahrenkilde, portavoz del Ejecutivo comunitario.

Habrá que esperar más reacciones de los socios “y aliados” de España, aunque no propiamente como “retaliaciones” –impedidas por los convenios internacionales-, sino como simples decisiones de política comercial, las que obviamente producirán problemas a Buenos Aires, pues, el peligro es que Argentina se aísle económicamente y aunque a YPF le vaya mejor y los socios que se queden ganen dinero, no puedan sacarlo, haciendo caer aún más el valor de la firma.