Los abogados defensores de seis personas querelladas bajo la Ley de Seguridad del Estado, tomaron como una nueva derrota del ministerio del Interior la decisión del juzgado de Letras y Garantía de Cisnes de condenar a esta cartera a pagar los costes del procedimiento judicial.

En la audiencia, donde se sobreseyó definitivamente de la causa a seis aiseninos requeridos por el Gobierno, se cruzaron argumentos entre el persecutor del Interior, y los abogados defensores Fernando Acuña, Waldo Barraza y Rodrigo de los Reyes.

El representante del ministerio sostuvo que la causa tenía sustento, debido a que “fue público y notorio, que durante 40 días existieron cortes de caminos, barricadas y desabastecimiento de cigarrillos”.

Mientras que la defensa de los aiseninos, argumentó que la querella presentada fue “torpe”, al equivocar las sedes jurisdiccionales, e “imprecisa y vaga”, ya que “no señaló la participación de los inculpados en los hechos denunciados”.

Además, según señaló a Radio Universidad de Chile el abogado Fernando Acuña, las querellas carecían de sustento ya que no tenían ninguna relación con las personas inculpadas.

“Las personas estuvieron durante todo el tiempo de tramitación de la causa muy angustiadas, estaban preocupadas, normalmente eran personas que no tenían mayor participación y algunos no tenían ninguna participación dentro del movimiento. Algunos habían pasado uno o dos días solamente por ahí, no tenían participación o trabajaban fuera. Otros tenían participación muy tangencial, no había ninguno de ellos que fuera dirigente, no había ninguno de ellos que hubiera participado en algún hecho de violencia, no hay ninguno de ellos que tuviera la capacidad de generar alguna declaración de prensa de manera autónoma. Gente súper sencilla”, explicó el abogado Acuña.

Jacqueline Carrasco Arias, pobladora inculpada por el Gobierno, emplazó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y a la intendenta regional de Aysén, Pilar Cuevas, a dar disculpas públicas por “tratarlos como delincuentes”, según afirmó.

Marcelo Rodríguez, uno de los abogados defensores de las otras 16 personas requeridas bajo la Ley de Seguridad del Estado, señaló que esta audiencia es un antecedente importante y que se debiese repetir el escenario para el trámite que se realizará a mediados de mayo en Puerto Aysén.

Además, el jurista afirmó que la querella del ministerio del Interior fue una acción temeraria y justificada sólo con un fin político.

El profesional aseguró que en las querellas no se está acusando a personas de haber cometido delitos graves “sino de haber participado en una actividad donde quizás existía una barricada, pero no se le estaba acusando a ellos de provocar incendios, ni de causar daños mayores, sino solamente de estar en ese lugar, cuestión que también demuestra que había una intencionalidad política también detrás de esta querella y obviamente eso justifica la aplicación de las costas”.

Según confirmó el jurista, en la audiencia de los otros 16 aiseninos requeridos por el Estado, se debería repetir el sobreseimiento de la causa de mutuo acuerdo, tal como fue el compromiso del ministro Hinzpeter.

Comisión sugiere rechazar acusación contra Hinzpeter

La comisiónde la Cámara de Diputados encargada de analizar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, rechazó el recurso presentado contra el jefe de gabinete a causa de la represión ejercida por Carabineros durante el conflicto en la Región de Aysén.

Luego de debatir las conclusiones de las sesiones de trabajo de la instancia parlamentaria, los votos se inclinaron en contra de la acusación por parte de los oficialistas Cristián Letelier, de la UDI, y los RN Rosauro Martínez y Frank Sauerbaum, quien además preside la instancia.

Los diputados Cristián Campos (PPD) y Eduardo Cerda (DC), únicos representantes de la oposición, se abstuvieron, argumentando poca claridad en los argumentos jurídicos. Sin embargo, el parlamentario del PPD, Rodrigo González, quien patrocinó la iniciativa, aseguró que los requisitos estaban dados para acusar al ministro.

“Quedó claro que esto dependió de Carabineros y, especialmente,  de Fuerzas Especiales; y Carabineros no mandó a las Fuerzas Espaciales, sino por orden del ministro del Interior. El ministro tiene la responsabilidad superior de haber generado una situación de prolongación del conflicto  y, posteriormente, ordenar una mantención del orden que generó todos los excesos y la violación de derechos humanos, por eso es clara su responsabilidad política”,  señaló González.

Aún así el diputado Campos aseguró que la presentación no reunía antecedentes jurídicos que la avalaran y que además Carabineros certificó, a través de su general director, Gustavo González, que actuaron de manera discrecional.

“Las causales que se invocan en la propia acusación constitucional a nosotros nos dejaron más dudas que certezas. Desde el punto de vista constitucional, tuvimos a los mejores constitucionalistas en la cámara pudiendo dar su opinión, y claramente quedaron cosas donde no se pudo establecer esta dependencia del ministerio del Interior con respecto a Carabineros”, indicó el diputado PPD.

A la última asistió el dirigente del Movimiento Social de la Región de Aysén, Iván Fuentes, quien prestó declaraciones y respondió a las preguntas de los parlamentarios, relatando los episodios más críticos del conflicto y los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Fuentes reconoció que hubo una acción desmedida por parte de la policía, pero no quiso apuntar de esta responsabilidad directamente al ministro Hinzpeter. “Eso tiene que verse acá, no podemos condenar a alguien anticipadamente. Sí tengo claro lo que tengo que decir con respecto a lo que pasó, porque soy testigo ocular de todo, estuve dentro de un bus de carabineros y eso todos lo saben”, dijo.

Con estos resultados, la comisión extenderá un informe donde recomendará a la Cámara de Diputados el rechazo a la iniciativa, ya que aún debe ser votada en la sala de la Corporación.