El negocio inmobiliario en nuestro país es gigantesco. En los últimos treinta años las ciudades se han transformado espectacularmente. Esta transformación ha sido dispar. Por un lado, ha ayudado a conformar una ciudad moderna, eficiente y bella; y, por otro lado, ha construido también una ciudad atrasada, tugurizada e ineficiente. Actores fundamentales en este proceso han sido las empresas inmobiliarias y constructoras, cuya eficiencia y nivel de ganancia han sido altísimos.

Es así que en el centro de Santiago, vemos una gran proliferación de edificios, principalmente de vivienda, que están rompiendo la armonía de la ciudad, expulsando a los habitantes originales (mayoritariamente pobres) a la periferia, destruyendo las redes sociales preexistentes y, en gran medida, tugurizando ese sector de la ciudad.

En este negocio, la gran ganancia se realiza en la primera venta, es decir el de la inmobiliaria al primer comprador. Es muy difícil la segunda venta, por lo pequeño de los departamentos y por la mala calidad de los edificios. En definitiva, las empresas inmobiliarias y las constructoras son los verdaderos constructores y modeladores de la ciudad, lo cual va acompañado por una sospechosa ineficiencia del sector público.

En los últimos días apareció en la prensa una petición de la Cámara Chilena de la Construcción en el sentido de aumentar la altura de los permisos de construcción en torno a las dos líneas de metro actualmente en construcción. El negocio es evidente. Se busca una maximización de la ganancia inmobiliaria en terrenos valorizados por la inversión pública.

Sin embargo, más allá del intento de aprovechar esta oportunidad para beneficiar aun más la ganancia inmobiliaria, esta podría ser una oportunidad para un gran acuerdo urbano que demuestre que el negocio de la construcción de la ciudad no es un negocio de suma cero, es decir si uno gana, pierde el otro.  Se puede lograr que todos los actores involucrados puedan ganar.

Por lo tanto, se podría aprobar el aumento de la altura de los edificios en esos sectores de la capital, por lo tanto, aumentar el negocio inmobiliario. Pero, habría que poner algunas condiciones para que también haya una ganancia para la ciudad y la sociedad.

Es así que podría ser interesante responder a esta presión corporativa del gremio de la construcción, llegando a un acuerdo en a lo menos cuatro puntos.

En primer lugar, que en estos nuevos emprendimientos maximizadores de la ganancia inmobiliaria haya un porcentaje de vivienda social, el cual debería ser viabilizado social y culturalmente mediante un fuerte apoyo del sector público para lograr que, a través del trabajo social, haya una mejor integración.

En segundo lugar, si estos nuevos emprendimientos van a localizarse en torno a las nuevas líneas del metro se podría plantear que no se considere el uso de automóviles, por lo tanto que no tengan estacionamientos, contribuyendo de esta manera a la descongestión y descontaminación de la ciudad.

En tercer lugar, que en estos emprendimientos inmobiliarios haya una obligación de dotar de espacios públicos de calidad. Que no pase lo que ocurre en algunas calles, Santa Isabel por ejemplo, en que los nuevos edificios han triturado la ciudad.

En cuarto lugar, que en los nuevos edificios haya una preocupación por las fachadas, evitando el colorinche deteriorador que está sucediendo ahora.

Cabe preguntarse si esta no sería también la oportunidad para abandonar de una vez por todas la normativa de construir torres aisladas, y plantear la construcción en fachada corrida (tal como sucede en Buenos Aires) que tanto ayuda a formar ciudad.

Con medidas tan simples como las señaladas, no tan solo ganarían las empresas inmobiliarias y constructoras, sino que se beneficiarían muchos actores urbanos y la ciudad en su conjunto.