En dos jornadas la Corte Suprema desarrollará la revisión de los antecedentes que culminaron con la aprobación ambiental de Puerto Castilla y la central termoeléctrica del mismo nombre.
Este miércoles se inició la primera de ellas con los alegatos de la defensa de pescadores artesanales de Caldera y la Junta de Vecinos de Totoral, como opositores al megaproyecto, y de los abogados del Consejo de Defensa del Estado y la empresa MPX como defensores de Puerto Castilla.
En una sesión que duró cerca de cuatro horas se revisaron las presuntas ilegalidades con que se aprobó Puerto Castilla, debido a que no se contempló un permiso ambiental que debió haber entregado la gobernación marítima de la zona.
El abogado de los pescadores, Ignacio Poblete, se refirió a la división en la tramitación de la central Castilla y el puerto del mismo nombre, proyecto que comparó con HidroAysén debido a su negativo impacto ambiental.
“Se basa en el fraccionamiento de los proyectos, son dos proyectos que debiesen haber sido uno. Es una verdadera Hidroaysén a carbón y que afecta un solo espacio. Se está burlando con esto la línea de base, el mismo espacio que es Punta de Cacho que se va a ver afectado. A su vez, se está faltando al principio preventivo, prevenir antes que lamentar, ya que causan impactos que no previenen lo que la ley exige”, sostuvo Poblete.
Jorge Morales, integrante del Sindicato de Buzos Marinos y Trabajadores Independientes de Caldera, afirmó que el megaproyecto será muy contaminante y perjudicará los productos del mar, y con ello “el sustento de nuestras familias”, según expresó.
Además, mostró su molestia con que deba ser la Corte Suprema la que revise el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió un recurso de protección presentado por vecinos del sector donde se pretende construir la termoeléctrica y que hoy tiene paralizado el proyecto.
A ello se refirió Juan Carlos Morales, representante de la Junta de Vecinos de Totoral, quien abogó porque se ratifique este fallo.
“Venimos ante la Corte Suprema a revalidar el fallo que tuvo la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que decretó como arbitraria e ilegal la aprobación de termoeléctrica Castilla y el cambio de calificación por parte del seremi de salud. Los argumentos están basados en el artículo 19 N° 8 de la Constitución, derecho a vivir dentro de un medio ambiente libe de contaminación y en que la serie de procedimientos que llevaron a hacer el cambio de calificación a ambiental y la misma aprobación, que se hizo de forma arbitraria e ilegal”, señaló Morales.
El próximo martes la Tercera Sala de la Corte Suprema deberá escuchar los alegatos relacionados con la aprobación de la central termoeléctrica, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y el rol que jugó el seremi de Salud de Atacama, quien modificó la calificación del proyecto de contaminante a molesto, lo que provocó la aprobación de la termoeléctrica.