Molestia causó entre familiares de detenidos desaparecidos la presencia de víctimas de la dictadura militar en los registros del Servicio Electoral (Servel).

La denuncia fue hecha por Erika Hennings, esposa de Alfonso Chanfreau Oyarce, quien se encuentra desparecido desde 1974, cuando fue aprehendido por agentes de la DINA. Su caso lo indaga un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Si bien no existe un número exacto de detenidos desaparecidos que se encuentren registrados en la base de datos del Servel, se estima que la cifra alcanza las mil personas.

Desde el organismo afirmaron que el problema se generó en las oficinas del Registro Civil, pues no entregaron documentos que acrediten la muerte de los desaparecidos, por lo tanto para todo efecto legal estas personas siguen vivas.

Juan Ignacio García, director del Servel, recalcó que para el organismo es imposible borrar a estas personas de las listas: “Mal podríamos tomar partido en estas circunstancias. Si nosotros hubiéramos eliminado a los detenidos desaparecidos de la nómina, aunque hubiéramos querido hacerlo, ¿qué habría significado? Que estaríamos reconociendo un término en la situación judicial que los afecta, en circunstancias que sería absolutamente impropio que lo hiciera el Registro Civil o el Servel. No veo cómo se podría solucionar esta situación”, dijo.

Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, este tipo de hechos constituyen un golpe moral que demuestra el poco interés de la clase política en el tema de DD.HH.

Según Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación, este caso demuestra que solo enfrentando el tema de los detenidos desaparecidos se podrá avanzar en una verdadera democracia: “Lo más fácil es decir que el Servel tiene la culpa, por falta de prolijidad, pero legalmente los detenidos desaparecidos están vivos, legalmente. El tema es que Chile no lo ha enfrentado, y las autoridades políticas se han dedicado estos años a negociar lo que nunca se debió haber hecho. Las violaciones a los DD.HH. son un tema ético y solo enfrentarlo va a permitir avanzar a una verdadera democracia”, indicó.

En la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja reaccionaron con sorpresa y molestia ante esta denuncia y por lo mismo anunciaron que este miércoles analizaran el tema.

“No estoy diciendo que el Servel haya cometido un acto ilegal, lo que estoy diciendo es que el Servel no tuvo la prolijidad necesaria para haber antepuesto esta situación”, señaló el presidente de la instancia, el diputado socialista Fidel Espinoza. “Por lo tanto, en la comisión de DD.HH. vamos a analizar en profundidad este tema, no lo vamos a dejar pasar y vamos a entregar propuestas al Gobierno para buscar una solución a este grave problema”, añadió.

Según la Ley N° 20.568 que regula la inscripción automática, modifica el Servel y moderniza el sistema de votación, la inscripción electoral será efectuada por el organismo de manera automática respecto de aquellas personas que cumplan con los requisitos para ser incorporados en el Registro Electoral, y sin necesidad que éstas realicen trámite alguno.

Para que un registro electoral sea cancelado, debe acreditarse en el Registro Civil la muerte del elector o a través de una sentencia judicial que inhabilite a la personas a ejercer sus derechos políticos.