El pasado jueves diputados de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara sesionaron en Panguipulli, donde representantes de diversas agrupaciones expusieron  su posición respecto al proyecto San Pedro, iniciativa aprobada en 2008 y cuyas obras se encuentran paralizadas por la propia empresa, Colbún,  para realizar sondajes y modificar el proyecto original.

El diputado Marcelo Díaz, quien se reunió con las comunidades afectadas junto a sus pares Andrea Molina y Alfonso de Urresti,  destacó que se trató de una reunión muy masiva y donde constataron, entre otras cosas, la ausencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), durante la evaluación del proyecto.

“El riesgo que se corre acá es que se produzca de manera artificial lo que fue el Riñihuazo, la generación de un dique en desprendimiento que pueda acabar y arrasar con Valdivia, Los Lagos, Panguipilli. Entonces, hemos acordado un conjunto de oficios a las distintas autoridades para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Si hay cambios reales en las condiciones del estudio de impacto ambiental que autorizaron o aprobaron el proyecto de Central de San Pedro o si los cambios que ha habido ameritan un nuevo estudio de impacto ambiental y, por tanto, la revocación de antigua calificación ambiental”, señaló Díaz.

Este viernes, los parlamentarios se trasladaron hasta Neltume donde visitaron el lugar donde se instalaría la central de pasada de Enel-Endesa.

Díaz cuestionó que se trate de una central de pasada, puesto que sacaría agua del río Fuy para luego devolverla al río Neltume, un cambio de caudal que tiene efectos en la seguridad del sector y las comunidades indígenas.

“Tenemos obligaciones derivadas del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y aquí lo que estamos comprobando es que con el traslado de las aguas del río Fuy al río Neltume, y con las crecidas del río que se producen de forma natural en invierno, va a haber un aumento de la superficie inundable y se va a afectar una zona de carácter ceremonial del pueblo mapuche, de comunidades del sector, que nos parece preocupante. A partir de esto , vamos a tomar decisión sobre oficios, fiscalización y petición de antecedentes de las autoridades del Gobierno para saber si se han cumplido”, añadió el parlamentario.

Jorge Weke, werkén del Parlamento de CozCoz, valoró la visita de la comisión, a quienes habían invitado desde agosto del año pasado y enfatizó que se necesitan cambios en la regulación.

“Aquí también hay una desprotección jurídica, porque vamos a plantear también que se pueda hacer una modificación a la ley del borde costero, para que se puedan proteger tanto los ríos y los lagos que están en la zona cordillerana. Vamos a plantear que hagamos un trabajo juntos, en donde vamos a proponer un proyecto de ley para que sean favorecidos, en este caso, estos lugares patrimoniales de parte de las comunidades”, sostuvo Weke.

Junto con el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el werkén denunció malas prácticas por parte de la empresa para coaptar a la gente y contar con su colaboración.

Neltume se ubicaría en una zona declarada “reserva de la biósfera”, lo que, entre otras razones, ha sido motivo de reparos por parte de autoridades y servicios regionales en sus oficios al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Por ello se espera que próximamente el SEA publique un tercer Informe de Consolidación de Solicitud de Aclaraciones (ICSARA) para ser respondido por la empresa.