El pasado jueves, Colbún recomendó a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspender la tramitación de las líneas “mientras no exista una política nacional” que cuente con amplio consenso ciudadano.
La decisión de la empresa, que posee el 49 por ciento del proyecto hidroeléctrico, vino a remover por completo el panorama que se tenía sobre la posibilidad real de operar de las cinco centrales que se están construyendo en la Patagonia.
Esto cuando las autoridades han insistido en la necesidad de duplicar la energía al año 2020, ante lo que HidroAysén se volvía un proyecto imprescindible, lo que ha sido discutido con fuerza por organizaciones sociales y medioambientales.
Según el presidente de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, se puede inferir de las declaraciones de Colbún que se ha recogido parte de la crítica ciudadana al tomar esta decisión.
“Uno podría especular hasta el fin de los tiempos respecto de cuáles son las razones que podrían estar de fondo detrás del pronunciamiento que ha hecho el grupo Matte, pero lo fundamental para nosotros resultan los argumentos. El argumento es que no existe una política energética nacional consensuada que permita llevar adelante emprendimientos de esta magnitud. Eso lo que hace es constatar un hecho que es evidente”, asegura Rendón.
Por su parte, en el programa Semáforo de nuestra emisora, Matías Asun, director de Geenpeace Chile, afirmó que el Gobierno reaccionó mostrando una política energética, que evidentemente la empresa conocía y a la que le ha dicho “no es suficiente”. Aún así, dentro de esa política, hay varios puntos que según el ambientalista se deben analizar.
“Tenemos tres coyunturas que merecen nuestra atención. La primera es la evaluación del impacto ambiental de los tendidos o el tendido que se pretende realizar ¿Quién va evaluar eso? ¿Dónde se está evaluando? Lo segundo, la especulación que abrió el Presidente el 21 de mayo pasado ¿Qué es esto de la carretera energética? ¿Quién la va a pagar? ¿Para beneficio de quién? Y finalmente, ¿cómo va a operar el conjunto de reformas a la ley de concesiones eléctricas que hoy se están planteando? ¿va a permitir una agilización en desmedro de las personas? ¿Va a hacer realmente competitivo el mercado de distribución?” se preguntó Asún.
Una de las interpretaciones de este “paso atrás de Colbún” es que la empresa pretenda que el proyecto retroceda para que sea el Estado el que construya la infraestructura, a través de esta carretera eléctrica que podría ser pública y, con ello, pague todos los costos políticos y económicos del desarrollo de estas líneas de transmisión.
En este sentido, se mostró alerta a los pasos que dará Endesa, que en los próximos días deberá definir si continúa adelante con un proyecto que, después de seis años de tramitación, ha ido enfrentando cada vez más complicaciones, poniendo a prueba nuestra institucionalidad ambiental, la que criticó con fuerza Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.
“Los que ingresaron a evaluación ambiental con la institucionalidad antigua terminan más o menos con una tramitación, pero hay ciertos parches que se le meten de la nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley es tan mala que no la han podido hacer funcionar y uno tiene que tener un puzzle de seguir cómo esta cuestión funciona y cada vez que hay una duda de cómo esto funciona hay que ir a preguntarle a la Contraloría, porque la transición entre la ley antigua y la nueva es tremendamente engorrosa”, sostuvo Liberona.
La ambientalista indicó que estamos ante una institucionalidad que no se ha implementado bien, sin reglamentos y que presenta una serie de debilidades en temas como fiscalización o participación ciudadana, lo que nos han llevado permitir la tramitación de proyectos tan dañinos para el país como HidroAysén y afirmó: “A casi un año y medio de haberse aprobado, vemos que no resuelve los problemas de fondo. Chile necesita un reforma ambiental de verdad”, dijo.
El pasado jueves, Colbún recomendó a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspender la tramitación de las líneas “mientras no exista una política nacional” que cuente con amplio consenso ciudadano.
La decisión de la empresa, que posee el 49 por ciento del proyecto hidroeléctrico, vino a remover por completo el panorama que se tenía sobre la posibilidad real de operar de las cinco centrales que se están construyendo en la Patagonia.
Esto cuando las autoridades han insistido en la necesidad de duplicar la energía al año 2020, ante lo que HidroAysén se volvía un proyecto imprescindible, lo que ha sido discutido con fuerza por organizaciones sociales y medioambientales.
Según el presidente de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, se puede inferir de las declaraciones de Colbún que se ha recogido parte de la crítica ciudadana al tomar esta decisión.
“Uno podría especular hasta el fin de los tiempos respecto de cuáles son las razones que podrían estar de fondo detrás del pronunciamiento que ha hecho el grupo Matte, pero lo fundamental para nosotros resultan los argumentos. El argumento es que no existe una política energética nacional consensuada que permita llevar adelante emprendimientos de esta magnitud. Eso lo que hace es constatar un hecho que es evidente”, asegura Rendón.
Por su parte, en el programa Semáforo de nuestra emisora, Matías Asun, director de Geenpeace Chile, afirmó que el Gobierno reaccionó mostrando una política energética, que evidentemente la empresa conocía y a la que le ha dicho “no es suficiente”. Aún así, dentro de esa política, hay varios puntos que según el ambientalista se deben analizar.
“Tenemos tres coyunturas que merecen nuestra atención. La primera es la evaluación del impacto ambiental de los tendidos o el tendido que se pretende realizar ¿Quién va evaluar eso? ¿Dónde se está evaluando? Lo segundo, la especulación que abrió el Presidente el 21 de mayo pasado ¿Qué es esto de la carretera energética? ¿Quién la va a pagar? ¿Para beneficio de quién? Y finalmente, ¿cómo va a operar el conjunto de reformas a la ley de concesiones eléctricas que hoy se están planteando? ¿va a permitir una agilización en desmedro de las personas? ¿Va a hacer realmente competitivo el mercado de distribución?” se preguntó Asún.
Una de las interpretaciones de este “paso atrás de Colbún” es que la empresa pretenda que el proyecto retroceda para que sea el Estado el que construya la infraestructura, a través de esta carretera eléctrica que podría ser pública y, con ello, pague todos los costos políticos y económicos del desarrollo de estas líneas de transmisión.
En este sentido, se mostró alerta a los pasos que dará Endesa, que en los próximos días deberá definir si continúa adelante con un proyecto que, después de seis años de tramitación, ha ido enfrentando cada vez más complicaciones, poniendo a prueba nuestra institucionalidad ambiental, la que criticó con fuerza Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.
“Los que ingresaron a evaluación ambiental con la institucionalidad antigua terminan más o menos con una tramitación, pero hay ciertos parches que se le meten de la nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley es tan mala que no la han podido hacer funcionar y uno tiene que tener un puzzle de seguir cómo esta cuestión funciona y cada vez que hay una duda de cómo esto funciona hay que ir a preguntarle a la Contraloría, porque la transición entre la ley antigua y la nueva es tremendamente engorrosa”, sostuvo Liberona.
La ambientalista indicó que estamos ante una institucionalidad que no se ha implementado bien, sin reglamentos y que presenta una serie de debilidades en temas como fiscalización o participación ciudadana, lo que nos han llevado permitir la tramitación de proyectos tan dañinos para el país como HidroAysén y afirmó: “A casi un año y medio de haberse aprobado, vemos que no resuelve los problemas de fondo. Chile necesita un reforma ambiental de verdad”, dijo.
El pasado jueves, Colbún recomendó a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspender la tramitación de las líneas “mientras no exista una política nacional” que cuente con amplio consenso ciudadano.
La decisión de la empresa, que posee el 49 por ciento del proyecto hidroeléctrico, vino a remover por completo el panorama que se tenía sobre la posibilidad real de operar de las cinco centrales que se están construyendo en la Patagonia.
Esto cuando las autoridades han insistido en la necesidad de duplicar la energía al año 2020, ante lo que HidroAysén se volvía un proyecto imprescindible, lo que ha sido discutido con fuerza por organizaciones sociales y medioambientales.
Según el presidente de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, se puede inferir de las declaraciones de Colbún que se ha recogido parte de la crítica ciudadana al tomar esta decisión.
“Uno podría especular hasta el fin de los tiempos respecto de cuáles son las razones que podrían estar de fondo detrás del pronunciamiento que ha hecho el grupo Matte, pero lo fundamental para nosotros resultan los argumentos. El argumento es que no existe una política energética nacional consensuada que permita llevar adelante emprendimientos de esta magnitud. Eso lo que hace es constatar un hecho que es evidente”, asegura Rendón.
Por su parte, en el programa Semáforo de nuestra emisora, Matías Asun, director de Geenpeace Chile, afirmó que el Gobierno reaccionó mostrando una política energética, que evidentemente la empresa conocía y a la que le ha dicho “no es suficiente”. Aún así, dentro de esa política, hay varios puntos que según el ambientalista se deben analizar.
“Tenemos tres coyunturas que merecen nuestra atención. La primera es la evaluación del impacto ambiental de los tendidos o el tendido que se pretende realizar ¿Quién va evaluar eso? ¿Dónde se está evaluando? Lo segundo, la especulación que abrió el Presidente el 21 de mayo pasado ¿Qué es esto de la carretera energética? ¿Quién la va a pagar? ¿Para beneficio de quién? Y finalmente, ¿cómo va a operar el conjunto de reformas a la ley de concesiones eléctricas que hoy se están planteando? ¿va a permitir una agilización en desmedro de las personas? ¿Va a hacer realmente competitivo el mercado de distribución?” se preguntó Asún.
Una de las interpretaciones de este “paso atrás de Colbún” es que la empresa pretenda que el proyecto retroceda para que sea el Estado el que construya la infraestructura, a través de esta carretera eléctrica que podría ser pública y, con ello, pague todos los costos políticos y económicos del desarrollo de estas líneas de transmisión.
En este sentido, se mostró alerta a los pasos que dará Endesa, que en los próximos días deberá definir si continúa adelante con un proyecto que, después de seis años de tramitación, ha ido enfrentando cada vez más complicaciones, poniendo a prueba nuestra institucionalidad ambiental, la que criticó con fuerza Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.
“Los que ingresaron a evaluación ambiental con la institucionalidad antigua terminan más o menos con una tramitación, pero hay ciertos parches que se le meten de la nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley es tan mala que no la han podido hacer funcionar y uno tiene que tener un puzzle de seguir cómo esta cuestión funciona y cada vez que hay una duda de cómo esto funciona hay que ir a preguntarle a la Contraloría, porque la transición entre la ley antigua y la nueva es tremendamente engorrosa”, sostuvo Liberona.
La ambientalista indicó que estamos ante una institucionalidad que no se ha implementado bien, sin reglamentos y que presenta una serie de debilidades en temas como fiscalización o participación ciudadana, lo que nos han llevado permitir la tramitación de proyectos tan dañinos para el país como HidroAysén y afirmó: “A casi un año y medio de haberse aprobado, vemos que no resuelve los problemas de fondo. Chile necesita un reforma ambiental de verdad”, dijo.
