Distintas visiones de cómo se debe enfrentar el tema de seguridad pública en Chile confluyeron ayer en el seminario: “Grandes Desafíos en Materia de Seguridad Ciudadana: Una Perspectiva Internacional” que contó con la participación de los subsecretarios de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, y de Justicia, Patricia Pérez.

La actividad que tuvo por objeto conmemorar el 10º Aniversario del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP (CESC), estuvo  encabezada por el Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), Eduardo Dockendorff, y por el Director del CESC, Hugo Frühling quien destacó que la misión del centro que dirige “es aportar al diseño de políticas públicas plenamente democráticas en materia de seguridad ciudadana”.

El seminario tuvo como invitado internacional al profesor Sebastian Roché, de la Universidad de Grenoble, Francia, quien expuso sobre la modernización y profesionalización de la seguridad pública en Francia en un período de crisis.

En la oportunidad el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, enumeró los esfuerzos del Ejecutivo en materia de seguridad. En este punto dijo que prontamente en cada comuna del país “se publicarán fichas en cada una de las comisarías para que los chilenos sepan cómo están los delitos en la zona donde viven”. Además dijo que se está trabajando fuertemente con los niños inimputables e informó que durante este año comienza el plan piloto “de terapia multisistémica que busca que los niños dejen el delito” aunque si bien la meta es llegar a 5 mil menores este año se aplicará a 700.

La subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, destacó que entre los desafíos en seguridad que competen a su cartera se encuentran “una nueva política penitenciaria, reinserción juvenil y la creación de tribunales de tratamiento de drogas que permitirán  que en el contexto del sistema de justicia criminal, se puedan abordar efectivamente aquellos problemas vinculados con las adicciones y abuso problemático”.

Desafíos futuros en materia de seguridad

El foro panel denominado los “Desafíos futuros que enfrenta Chile en materia de seguridad ciudadana”  estuvo a cargo del diputado, Cristián Monckeberg, y la gerente de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco.

En la oportunidad, la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, recalcó que dentro de los desafíos en materia de seguridad se debe considerar “la focalización de las decisiones”. En este punto explicó que “hoy el delito que más crece es el robo a las casas, pero no es el más común porque lo sigue siendo el delito en la vía pública”. Y agregó “si el 80% de los delitos ocurren en las calles y el 20% en los hogares la pregunta es ¿cuál es la política pública que debe ser la más correcta?.

Además la gerente de la Fundación Paz Ciudadana recalcó que hoy lo que se necesita “es la sofisticación de la prevención”. Además recalcó que hoy se necesita avanzar hacia las reformas en las policías “en la modificación de las mallas curriculares, la profesionalización pare que se tengan funcionarios policiales con un perfil  distinto al actual”.

Asimismo recalcó que hoy “el punto más cojo es la rehabilitación” y afirmó que “5 de cada 10 personas que salen de la cárcel vuelven a infringir”.

Por su parte el diputado Cristián Monckeberg dijo que uno de los desafíos en materia de seguridad ciudadana tiene que ver con modificar el Código Procesal Penal. En este marco propuso que se debiera “entregar el control y la dirección de la investigación al Ministerio Público, y asignando la investigación propiamente tal a la policía”. Y explicó que “hoy en día la investigación es realizada directamente por los fiscales, dejando de lado las funciones que les son más propias, es decir dirigir y controlar. Nadie  se dirige o controla a sí mismo”, destacó el parlamentario.

El diputado de RN además planteó que el Ministerio Público “se debe dar plazo para resolver solicitudes, pues en la actualidad crecen de un plazo de respuesta, otorgar mayores facultades a las policías, para que desarrollen gestiones de manera autónoma durante las primeras diligencias,  ampliar la forma de denuncia a medios digitales y telefónicos, y establecer un artículo 243 bis nuevo, consagrando como un peligro para la sociedad a quien atente contra la vida o integridad física de policías en ejercicio”.