Organizaciones ciudadanas denunciaron que existe una campaña comunicacional para presentar como urgente la modificación al plan regulador de Santiago o PMRS 100 que amplía la urbe en diez mil hectáreas actualmente de uso agrícola.

Ejemplo de esto serían las cifras dadas a conocer recientemente por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) respecto al déficit que existiría en el área metropolitana para construir viviendas.

El presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, reiteró que la expansión es un antojo de este Gobierno y de los anteriores, y advirtió que todo se ha realizado por vías administrativas.

“Estas modificaciones a los límites urbanos en Chile se hacen a través de meras resoluciones administrativas. Consideramos que todas estas situaciones que cambian radicalmente la topografía de las ciudades deben estar amparadas por cuerpos legales, pero los señores políticos no están ni ahí con esta situación, prefieren que por decisiones meramente administrativas se produzcan importantes plusvalías patrimoniales importantes privadas, en detrimento del bien público de cada una de las ciudades”, señaló Herman.

El coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, advirtió que expandir Santiago implica agravar todos sus problemas, particularmente el de la contaminación del aire.“El problema de contaminación de Santiago sigue siendo grave, el plan de descontaminación fracasó, pues  planteaba que el a 2010 debía cumplirse con todas las normas de calidad ambiental y ello no ocurrió. La semana pasada tuvimos varios días, incluso un día de preemergencia,  Santiago no ha podido superar sus condiciones de grave contaminación. Y vemos que la intendenta, que por un lado decreta la preemergencia, por el otro lado está tratando de impulsar la expansión de Santiago, incluso, desde nuestro punto de vista, pasando por sobre la normativa vigente”, dijo.

Por su parte Igor Rosenmann, director del Colegio de Arquitectos, sostuvo que se trata de una modificación innecesaria ya que se pueden aprovechar muchos sitios eriazos dentro de la ciudad.

En ello fue apoyado por el académico Pablo Trivelli, quien planteó cifras del propio PMRS 100 y el ministerio de la Vivienda. “Las áreas urbanas ya ocupadas tienen como 83 mil hectáreas en la Región Metropolitana y las áreas normadas con uso urbana tienen 123 mil, eso significa que quedan 40 mil hectáreas. Hay un informe del año 2010 que dice que el consumo de suelo urbano en la Región Metropolitana es de 700 hectáreas, nos quedan 40 mil, son como casi 60 años. Realmente la gente se puede ubicar  en las zonas centrales de Santiago, en las zonas periféricas de Santiago o en el resto de la región. Hay terrenos de sobra”, aseguró.

En tanto Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, sostuvo que su organización es testigo de la destrucción de barrios patrimoniales a favor del negocio inmobiliario, por lo que no es que no haya sitios disponibles, sino que éstos están sujetos a la especulación.

Estas junto a otras organizaciones acudieron la semana pasada a la Contraloría para impedir la toma de razón que se le solicitó para aprobar esta modificación al plan regulador y que están a la espera de su pronunciamiento al respecto.