El 24 de septiembre será la fecha en la que el Gobierno dará a conocer el nombre del contratista que se adjudicará los derechos de extracción del Litio en nuestro país, en una operación que el Ejecutivo espera, recaude cerca de 350 millones de dólares.

El proceso se inició este martes con el anuncio hecho por el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y que tiene en estado de alerta a los parlamentarios de oposición que acusan que esta decisión perjudicará los intereses del Estado.

La licitación contempla el pago de un royalty mensual equivalente al 7 por ciento de las ventas netas de la empresa contratista lo que, juicio del Gobierno está a la par de lo que exigen países productores de litio, como Australia y Argentina, que oscilan entre el 0 y el 10 por ciento.

Sin embargo, según los parlamentarios, estas ganancias son mínimas comparadas con los beneficios que se podrían obtener si el Estado se hiciera cargo de la extracción de este recurso.

Para el senador demócrata cristiano, Mariano Ruiz-Esquide, es necesario nacionalizar el litio. “Esto significa derechamente terminar con la posesión del litio en manos de Chile, donde el Estado es solo administrador del bien común y eso no se puede hacer sin ley. Es por eso que hemos presentado una reforma constitucional con el objeto de que venga una ley donde podamos cambiar  ese artículo para que se haga conforme al trámite habitual, como se nacionalizó en su tiempo el cobre o como deberíamos hacer con todo lo que es del bien del país”, dijo.

Para Flavia Liberona, directora de la fundación Terram, el Gobierno debe plantearse la posibilidad de extraer y procesar este material.

“Hoy es un mineral que se esta ocupando en toda la tecnología, viene en todo lo que es baterías, ya sea de computadores, de celulares; y cuando vengan los autos eléctricos van a tener baterías de litio, por lo que la demanda va a crecer. Ahí se abre una segunda pregunta que es decir ‘aquí no solo se trata de extraerlo, sino de procesarlo y generar productos de litio  ¿y por qué el Gobierno de Chile no ha abierto esa posibilidad?’”, se cuestionó la ambientalista.

Existen, además, dudas respecto a la transparencia de este proceso, debido al conflicto de interés que posee el ministro de Minería, Hernán de Solminhiac, quien es hermano del subgerente general de Soquimich, empresa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y una de las posibles interesadas en la licitación.

Para el diputado radical, Marcos Espinoza, el secretario de Estado debiese inhabilitarse de la discusión. “Esto ya se ha transformado en una tónica de este Gobierno, donde tenemos ministros que tienen que renunciar por conflictos de intereses y en el caso de los Contratos Especiales de Operación de Litio tenemos que el propio ministro de Minería, que es el encargado político de una cartera tan relevante para el desarrollo del país,  tenga que inhabilitarse al tener conflictos de intereses en el tratamiento de una materia de suma relevancia como es la exploración y explotación del litio”, criticó Espinoza.

En la actualidad Chile es el mayor productor mundial del litio, que alcanza el 41 por ciento de todo lo que se genera en el globo y junto a Bolivia y Argentina concentran más del 80 por ciento del mineral en el planeta.