Con la premisa de que la Ley de Transparencia es fundamental para fiscalizar la gestión de las instituciones del Estado y que nadie queda al margen de someterse a esta normativa, reaccionaron los diputados Guillermo Teillier y María Antonieta Saa ante este dictamen.
Un fallo que obliga al ministerio de Relaciones Exterior a comunicar a Romina Colman, estudiante argentina que solicitó la información, los nombres y salarios de los abogados que representaron a Chile en el litigio marítimo que se desarrolla en la Corte Internacional de La Haya, entre enero del 2010 y octubre del 2011.
Datos que para el diputado comunista, y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, no debieran prestarse para el “secretismo”.
“No hay ningún secreto respecto de quienes son los que defienden al Estado chileno. Otra cosa ya son los sueldos que se les pagan, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que le pagan. Así como los diputados, todos los días la página web se renueva, qué es lo que tienen los diputados, qué es lo que hacen con la plata, no tiene por qué ser un misterio eso, además es un juicio público, no hay aquí un problema de secreto de Estado. El secreto de Estado está en los alegatos que ellos van a hacer, eso sí hay que reservarlo, porque eso sí que atentaría contra la soberanía del Estado”, aseguró Teillier.
Sin embargo, para la diputada PPD María Antonieta Saa, integrante de la misma instancia legislativa, conocer los nombres de los juristas y sus sueldos es información que podría llegar a provocar algún grado de conflicto, lo que no justifica que no se respete el fallo: “Estos son profesionales que no están por la causa chilena, sino que son profesionales contratados por Chile. Yo espero que reine la ética, si ese es el peligro creo que no sería bien. Ahora, ¿cuál es el interés de esta argentina, de esta chiquilla argentina en preguntar? La verdad es que no tengo un parámetro como para poder juzgar que se afecta la seguridad de la nación, es un tema delicado”, indicó Saa.
La Cancillería tiene hasta este sábado para entregar los datos y, según ha trascendido al interior del ministerio, se espera que la cartera recurra a la Corte de Apelaciones con un reclamo de ilegalidad para revertir el fallo.
Una decisión que se sustentaría en que la información solicitada corresponde a una materia que es prerrogativa de los Estados y respecto de la cual cada parte mantiene reserva en relación al conflicto marítimo que se desarrolla con Perú.
Sin embargo, la disposición de la Cancillería no fue bien acogida por los diputados Teillier y Saa, quienes adelantaron que pedirán explicaciones al ministro Alfredo Moreno sobre el por qué negar la información a Romina Colman, quien, al parecer, pertenece a una agrupación ciudadana cuya bandera de lucha es el acceso a la información y que ha intervenido en varios países.
Con la premisa de que la Ley de Transparencia es fundamental para fiscalizar la gestión de las instituciones del Estado y que nadie queda al margen de someterse a esta normativa, reaccionaron los diputados Guillermo Teillier y María Antonieta Saa ante este dictamen.
Un fallo que obliga al ministerio de Relaciones Exterior a comunicar a Romina Colman, estudiante argentina que solicitó la información, los nombres y salarios de los abogados que representaron a Chile en el litigio marítimo que se desarrolla en la Corte Internacional de La Haya, entre enero del 2010 y octubre del 2011.
Datos que para el diputado comunista, y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, no debieran prestarse para el “secretismo”.
“No hay ningún secreto respecto de quienes son los que defienden al Estado chileno. Otra cosa ya son los sueldos que se les pagan, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que le pagan. Así como los diputados, todos los días la página web se renueva, qué es lo que tienen los diputados, qué es lo que hacen con la plata, no tiene por qué ser un misterio eso, además es un juicio público, no hay aquí un problema de secreto de Estado. El secreto de Estado está en los alegatos que ellos van a hacer, eso sí hay que reservarlo, porque eso sí que atentaría contra la soberanía del Estado”, aseguró Teillier.
Sin embargo, para la diputada PPD María Antonieta Saa, integrante de la misma instancia legislativa, conocer los nombres de los juristas y sus sueldos es información que podría llegar a provocar algún grado de conflicto, lo que no justifica que no se respete el fallo: “Estos son profesionales que no están por la causa chilena, sino que son profesionales contratados por Chile. Yo espero que reine la ética, si ese es el peligro creo que no sería bien. Ahora, ¿cuál es el interés de esta argentina, de esta chiquilla argentina en preguntar? La verdad es que no tengo un parámetro como para poder juzgar que se afecta la seguridad de la nación, es un tema delicado”, indicó Saa.
La Cancillería tiene hasta este sábado para entregar los datos y, según ha trascendido al interior del ministerio, se espera que la cartera recurra a la Corte de Apelaciones con un reclamo de ilegalidad para revertir el fallo.
Una decisión que se sustentaría en que la información solicitada corresponde a una materia que es prerrogativa de los Estados y respecto de la cual cada parte mantiene reserva en relación al conflicto marítimo que se desarrolla con Perú.
Sin embargo, la disposición de la Cancillería no fue bien acogida por los diputados Teillier y Saa, quienes adelantaron que pedirán explicaciones al ministro Alfredo Moreno sobre el por qué negar la información a Romina Colman, quien, al parecer, pertenece a una agrupación ciudadana cuya bandera de lucha es el acceso a la información y que ha intervenido en varios países.
Con la premisa de que la Ley de Transparencia es fundamental para fiscalizar la gestión de las instituciones del Estado y que nadie queda al margen de someterse a esta normativa, reaccionaron los diputados Guillermo Teillier y María Antonieta Saa ante este dictamen.
Un fallo que obliga al ministerio de Relaciones Exterior a comunicar a Romina Colman, estudiante argentina que solicitó la información, los nombres y salarios de los abogados que representaron a Chile en el litigio marítimo que se desarrolla en la Corte Internacional de La Haya, entre enero del 2010 y octubre del 2011.
Datos que para el diputado comunista, y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, no debieran prestarse para el “secretismo”.
“No hay ningún secreto respecto de quienes son los que defienden al Estado chileno. Otra cosa ya son los sueldos que se les pagan, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que le pagan. Así como los diputados, todos los días la página web se renueva, qué es lo que tienen los diputados, qué es lo que hacen con la plata, no tiene por qué ser un misterio eso, además es un juicio público, no hay aquí un problema de secreto de Estado. El secreto de Estado está en los alegatos que ellos van a hacer, eso sí hay que reservarlo, porque eso sí que atentaría contra la soberanía del Estado”, aseguró Teillier.
Sin embargo, para la diputada PPD María Antonieta Saa, integrante de la misma instancia legislativa, conocer los nombres de los juristas y sus sueldos es información que podría llegar a provocar algún grado de conflicto, lo que no justifica que no se respete el fallo: “Estos son profesionales que no están por la causa chilena, sino que son profesionales contratados por Chile. Yo espero que reine la ética, si ese es el peligro creo que no sería bien. Ahora, ¿cuál es el interés de esta argentina, de esta chiquilla argentina en preguntar? La verdad es que no tengo un parámetro como para poder juzgar que se afecta la seguridad de la nación, es un tema delicado”, indicó Saa.
La Cancillería tiene hasta este sábado para entregar los datos y, según ha trascendido al interior del ministerio, se espera que la cartera recurra a la Corte de Apelaciones con un reclamo de ilegalidad para revertir el fallo.
Una decisión que se sustentaría en que la información solicitada corresponde a una materia que es prerrogativa de los Estados y respecto de la cual cada parte mantiene reserva en relación al conflicto marítimo que se desarrolla con Perú.
Sin embargo, la disposición de la Cancillería no fue bien acogida por los diputados Teillier y Saa, quienes adelantaron que pedirán explicaciones al ministro Alfredo Moreno sobre el por qué negar la información a Romina Colman, quien, al parecer, pertenece a una agrupación ciudadana cuya bandera de lucha es el acceso a la información y que ha intervenido en varios países.
