El 13 de junio de 2012, el Consejo de Derechos Humanos publicó el documento “Industria minera y amenaza al derecho fundamental al agua: El caso simbólico de la comunidad Caimanes en Chile”.

Habitantes de esta zona, abogados y actores que han seguido esta causa destacaron la importancia que le da un organismo internacional a esta extensa demanda ciudadana.

En el texto se replican las diversas advertencias que han hecho organizaciones humanitarias en Francia. Entre ellas, que “análisis recientes demuestran la presencia de metales pesados en el agua potable de la zona” y que “las napas freáticas son contaminadas con altos niveles de manganeso”.

Estas limitaciones van en contra de la ratificación del Consejo de Derechos Humanos del 24 de septiembre de 2010, pronunciada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, reconociendo el derecho al agua potable y al saneamiento para todos como un derecho fundamental.

Este escrito es un avance para el movimiento chileno, porque rescata otro de los puntos que han sido advertidos, incluso en las causas judiciales que se presentaron contra el proyecto de minera Los Pelambres: “Los estanques en funcionamiento y los otros cuatro que proyecta realizar la minera, están situados sobre fallas geológicas. La cumbre del estanque El Mauro alcanza 1.000 metros de altura, cuando el pueblo de Caimanes se encuentra a 470 metros, y a una distancia de 10 kilómetros del estanque. En caso de derrumbe, en un país altamente sísmico, 2.060 millones de toneladas de desechos tóxicos serían derramadas y los habitantes de Caimanes sólo tendrían cinco minutos para escapar en caso de aviso inmediato”.

Patricio Bustamante, diplomado en Conservación del Patrimonio, Investigador en Arqueoastronomía y quien ha seguido los alcances en esta materia en Chile y en el exterior, destacó que “esta sea la primera vez que un tema de la megaminería termina en un caso de violación de DD.HH. Es nuevo para el país y también para Naciones Unidas”.

En este sentido, el investigador señaló que “en Chile hay una intencionalidad clara por ocultar el tema y es lamentable, porque un tema que sólo beneficia a una empresa minera va a terminar arrastrando al Gobierno de Chile a un problema internacional con el área de DD.HH. de nuevo. Chile ya ha tenido muchos problemas en temas de DD.HH. y este es un nuevo tema que sale, pero con el agravante de que esto es solamente para beneficiar a una empresa”.

Los recurrentes, la ONG France Libertés, solicita a la ONU exigir que, entre otras medidas, el Estado chileno realice un estudio de impacto ambiental independiente en el sitio de los Caimanes, que el relator especial M. Calin Georgescu efectúe una misión de terreno y que el Consejo ponga en marcha un proceso permitiendo la elaboración de líneas directrices rigiendo las relaciones entre estados, pueblos e industrias extractivas.

Bustamante agregó que lamentablemente en nuestro país esta empresa ha iniciado juicios contra la comunidad: “Si es que se aplica el mínimo de justicia, la empresa tendría que haber indemnizado por los daños que ha cometido. Lamentablemente, la justicia le ha dado prioridad a la acusación de la empresa que no tiene ningún futuro, ya que en un sistema legal que funcione esa acusación no tiene ningún futuro”, enfatizó Patricio Bustamante.

El pasado fin de semana se convocó a una marcha en La Serena contra el impacto de la gran minería. En la oportunidad, Cristian Flores, vocero de la comunidad Caimanes, dijo que “venir a la zona es muy importante para nosotros, dado que el problema que  tiene MLP (Minera Los Pelambres) con Caimanes es un problema que no sólo tendrá nuestra comunidad, si no que será un problema que tendrá toda la región de Coquimbo”.