Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que investigue la condonación de la deuda tributaria de Johnson’s por parte del SII.

Los dirigentes explicaron que el oficio dirigido al contralor Ramiro Mendoza solicita ejercer todas las acciones de fiscalización para examinar la legalidad del proceso de condonación, pero también los eventuales conflictos de interés.

Toda esta situación, según el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile, Carlos Insunza, ha dañado la imagen pública de la institución, por lo que es necesario revisar la legalidad de la condonación: “La condonación ha generado un gravísimo daño a nuestro Servicio en términos de su imagen pública, la mirada que tienen los contribuyentes de este Servicio, que siempre ha sido una mirada de aplicación equitativa de los tributos y de la fiscalización. Hoy la Contraloría debe esclarecer cómo se procedió frente a esta condonación, si está apegada plenamente a la legalidad, en cuanto a lo que dicta el Código Tributario de la ley vigente y los procedimientos del Servicio”, explicó Insunza.

Pero el énfasis de la presentación de los funcionarios se remite al eventual conflicto de interés del director del SII, Julio Pereira, por su vinculación con la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC), involucrada en el “perdonazo” y la posterior venta de Johnson’s a Cencosud.

Las autoridades involucradas son más. Según antecedentes, otros funcionarios también podrían haber intervenido directamente en la situación.

De esta manera, Carlos Insunza llamó a ser más precavidos en la elección de estos cargos: “En los servicios que tienen estas misiones tan delicadas y estratégicas desde el punto de vista del Estado, no pueden ser nombrados personeros que provienen de entidades que juegan el rol completamente contrario y que mantienen vínculos con los entes fiscalizados. Esto no es sólo es una realidad de nuestro Servicio y eso demuestra que se debe avanzar en un perfeccionamiento que impida que el Estado esté sometido a estas tensiones. Lo que eso provoca, finalmente, es que los servicios no puedan cumplir con su tarea”.

Esta no es primera vez que ocurre lo mismo con las autoridades del SII, por lo que el vocero de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, Juan Apablaza, llamó a dar más oportunidades a los funcionarios de carrera que a ejecutivos del sector privado: “Nosotros hemos dicho que esto tiene que ser a través de una carrera funcionaria, es decir, que funcionarios con años de experiencia, con nivel técnico avanzado y gran profesionalismo, tomen estos cargos, dada la experiencia. Además, eso genera independencia cuando toman una decisión respecto de una empresa. No es lo mismo que un funcionario con años de experiencia tome decisiones a ese nivel a que lo haga una persona que venga del mundo privado y que haya tenido participación como asesor de estas empresas”, enfatizó el dirigente del SII.

Cabe recordar que a fines de 2011, los funcionarios insistieron en la inhabilitación de Julio Pereira y otros directivos para pronunciarse sobre el caso La Polar, por saberse previamente vinculados a la cuestionada auditora  Price Waterhouse.