La prensa lo llama “el juicio del siglo”, los brasileños en general se refieren a él como el proceso del “mensalao”, las “mensualidades” que unos 38 ex ministros, ex diputados, empresarios y banqueros supuestamente recibían para comprar votos entre 2002 y 2005. Los acusados enfrentan siete denuncias por lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción activa, corrupción pasiva, peculado y formación de organización criminal.

“Fue el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil”, resumió el procurador General de la República, Roberto Gurgel, en el documento que envió a la Corte Suprema para obtener la apertura del juicio, que tiene 44.265 páginas y debería durar un mes. La trama permitió desviar unos 101 millones de reales (unos 42 millones de dólares de aquel entonces).

Detrás de la compra aparece involucrado el Partido de los Trabajadores (PT), que permaneció diez años en el poder con el presidente Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva. El ex mandatario, que no figura entre los acusados y logró ser reelecto hasta 2010 un año después del estallido del escándalo, siempre negó estar al corriente, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas.

En el banquillo se encuentra José Dirceu, uno de los principales acusados y ex jefe de
gabinete de Lula, quien niega la existencia del ‘mensalao’. “No existió la denominada compra de votos. No es verdad que está comprobada la utilización de dinero público (…) Decenas de testigos afirman categóricamente que Dirceu no tenía conocimiento de los préstamos y las transferencias (de dinero)”, dijo el abogado José Luiz Oliveira Lima al diario O Globo de este miércoles.

El escándalo hizo tambalear en su momento al gobierno de ‘Lula’, que pudo apoyarse en una popularidad arrasadora para seguir adelante. Sin embargo, a dos semanas del inicio oficial de la campaña para las elecciones de octubre, el escándalo del “mensalao” se cuela nuevamente en la vida política brasileña.