En todos los sectores de la economía existen nichos específicos que, bien explotados, generan excelentes ganancias a sus emprendedores. Estos negocios pueden ser legales como es la construcción inmobiliaria y otros tantos o ilegales, como es el comercio de drogas, el lavado de dinero, la colusión entre privados para distorsionar al mercado, el tráfico de influencias cuyos elegantes actores tienen llegada a todos lados y, como está en la agenda noticiosa, el caso de la industria de las universidades privadas, teóricamente sin fines de lucro, pero en la práctica voraces para que sus controladores obtengan altas rentabilidades con el ardid ya conocido por todos.
Pero en esta ocasión nos vamos a referir al portentoso negocio del cambio de uso de suelo rural, fijado en los planes reguladores, decidido discrecionalmente por funcionarios de la Administración casi siempre para favorecer a los pedigüeños de turno y a las asociaciones gremiales empresariales que especulan con ese recurso.
Ahora bien, accediendo a las solicitudes formuladas por varios poseedores de tierras rurales en la saturada región metropolitana, en diciembre de 2006, durante el gobierno de Bachelet, la ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de entonces dictó la Circular Nº 41 que originó una forma de expansión horizontal en determinados terrenos agrícolas de 8 comunas periféricas : son 10.000 hectáreas.
Con esta expansión, por cierto injustificada porque al interior del radio urbano existen infinidad de predios aptos para la construcción, como lo han dicho expertos en la materia, se concibe la figura de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en terrenos de 60 hectáreas y los sumisos funcionarios del Minvu, por su impericia, han debido soportar varios traspiés en la consecución de este proyecto denominado PRMS-100, hecho suyo por el actual gobierno.
En una ocasión los miembros del Consejo Regional (CORE) Metropolitano tuvieron que votar en 2 ocasiones esta antojadiza iniciativa mercantil, porque en la primera votación no se habían obtenido los sufragios necesarios para darle curso. Cuando se logró ese objetivo, después de las presiones ejercidas por el ex intendente Fernando Echeverría, con una imprudente felicitación pública del presidente Piñera al anterior, se envió la resolución a la Contraloría para que tomara razón de la misma.
El ente fiscalizador, celoso guardián de la legalidad rechazó el proyecto, por contener más de 20 irregularidades de forma y fondo y después de un tiempo determinado, sin que se votara nuevamente en el CORE y sin que se sometiera a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tal como lo ordena perentoriamente la nueva Ley 20.417 del Medio Ambiente, vigente desde enero del 2010, el avispado gobierno, ansioso en las utilidades que se generarían para los regalones particulares, se lo envió directamente a la Contraloría para que le diera curso rápido.
Pero nuevamente la Contraloría dijo no y así fue como el 20 de julio pasado la intendenta Pérez se vio en la bochornosa necesidad de retirar el manoseando proyecto expansivo del ente fiscalizador. En conocimiento de este nuevo resbalón gubernamental, demostrativo de lo precaria que es nuestra institucionalidad sectorial, la senadora Soledad Alvear le envió una comunicación al ministro del ramo para que este caprichoso proyecto, al menos sea sometido a una EAE, la que contempla una efectiva participación ciudadana. No se conoce todavía la respuesta del ministro Pérez y por lo tanto no podemos vaticinar nada.
Para contextualizar el asunto, debemos tener presente que en el año 2003 se había originado una expansión urbana que creó los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) normada en el PRMS para que los privados que dispusieran de 300 hectáreas agrícolas pudieran cambiar sus uso de suelo a urbano y por lo tanto iniciar por etapas sus negocios inmobiliarios. Esta figura había sido calificada ambientalmente favorable por la Caja Buzón de la ex Corema y también contó con los votos necesarios en el ingenuo, por no decir perezoso, CORE.
Se acogieron a esta facilidad algunos particulares, uno de ellos Enea, relacionada con la muy conocida y polémica Enersis, la misma que le quería pasar un golazo a los accionistas minoritarios con una operación comercial calificada como abusiva. Cuento corto : todas estas iniciativas productivas no han prosperado porque la Contraloría fundadamente ha rechazado esos negocios.
Los titulares de los PDUC pretendían sacar ventajas vía curiosas interpretaciones en la aplicación del marco regulatorio y por ello ahora están intentando que el gobierno cambie las reglas del juego, reduciendo las exigencias establecidas en el PRMS. En una de esas, Piñera podría instruir a sus colaboradores para que, vía decreto supremo, se haga más amigable la reglamentación de los PDUC y así estos prohombres del sistema salgan con la suya.
Como vemos, todos estos negocios inmobiliarios de particulares en suelos agrícolas no han prosperado por la lenidad del Estado y porque la ciudadanía organizada está ejerciendo un efectivo control, cautelando el interés público como contrapartida a la avidez del sector privado. Recordemos que 63 agrupaciones de la sociedad civil y el Colegio de Arquitectos de Chile han ingresado diversas presentaciones ante la Contraloría objetando la expansión PRMS-100.
En resumen, a sabiendas que el lucro más espectacular se produce con los cambios de uso de suelo y como en Chile, por imposiciones de los poderes fácticos, no existe una legislación que contemple la captura parcial de estas plusvalías por parte del Estado, al menos los parlamentarios deberían abocarse a diseñar una ley que fije un procedimiento respecto de la expansión urbana a tierras agrícolas. Es imperioso evitar los comportamientos arbitrarios de los gobiernos de turno, ya que es inaceptable que, vía simples actos administrativos, se otorgue riqueza a algunos que ni se han movido de sus escritorios.
*Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad
