Continúa el debate frente al allanamiento a la comunidad Ignacio Queipul, ubicada en la zona de Ercilla el pasado 23 de julio, donde tres menores resultaron con heridas de perdigones, situación que recibió la condena de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y le recordó al Estado Chileno su obligación de sancionar al responsable de estos actos de violencia y reparar las consecuencias.

También a nivel nacional hay preocupación, sobre la forma en la que nuestro país está enfrentando el llamado “conflicto mapuche”, donde los niños son los más afectados.

Rodrigo Quezada, uno de los directores del el Servicio Paz y Justicia, Serpaj- Chile, sostuvo que “apostamos a que el Gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, busque otras alternativas de solución a estas legítimas luchas que está llevando el pueblo mapuche. Creemos que los más marginados de la sociedad mapuche no deberían recibir este trato. Por una parte, el pueblo mapuche marginado, e imagínate un niño mapuche, es una doble vulneración. El llamado es a que el Estado busque otras formas de poder resolver este tema y no a través de la violencia”.

Las organizaciones sociales apuntaron a la necesidad de contar con formas que protejan efectivamente a los niños y niñas de este tipo de acciones policiales, así como otras que se han visto este tiempo a lo largo del desarrollo del movimiento estudiantil.

Es por ello que demandan la creación de una Defensoría de la Niñez, que tenga un defensor autónomo, para darles seguridad a los niños y niñas cuando son atacados por funcionarios del Estado.

En esta línea el coordinador de la campaña Movilizándonos por una Cultura de Derechos, David Órdenes, recalcó que “es fundamental en estos momentos contar con un defensor del niño y de la niña para que, desde la autonomía, tengamos la posibilidad realmente de exigir y demandar -especialmente al garante que es el Estado, a los alcaldes, a los concejales, a todos los que tienen responsabilidad de garantizar los derechos de los niños y las niñas- que los derechos sean cumplidos. En este caso, claro, es una urgencia de que haya un cambio en la institucionalidad”.

Otras de las figuras que sugieren en la creación de un Observatorio de la Niñez que vigile las políticas públicas de la infancia donde exista una participación activa de la sociedad civil. Esto  además de contar con una Ley de Protección Integral ante las falencias de las leyes que actualmente tiene nuestro país.

El vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile), Carlos Muñoz, afirmó que “Chile, al ratificar la Convención de Derechos del Niño, se compromete a adecuar la legislación interna. Esto lo han hecho las mayoría de los países de Latinoamérica, es decir, han creado o un código de la niñez o una ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que adecúe los estándares legales internos a la Convención de Derechos del Niño. Chile es el único país de Latinoamérica que no lo ha hecho, es decir, está al debe, y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se lo ha recomendado en los últimos informes que ha recomendado al Estado”.

En este sentido, las organizaciones criticaron la reforma que se anunció para el Sename, la que consideraron “una división de carácter netamente administrativo” que incorpora al Ministerio de Justicia, cuyo sistema de responsabilidad penal juvenil ha sido insuficiente.

Frente a esto, las agrupaciones piden que se profundicen los cambios, pero que estos sean contextualizados en una política global de derechos.