El cuestionado proyecto de ley de “carretera eléctrica” ya toma forma bajo el título de “Una propuesta de sistema de transmisión sustentable y robusto”, iniciativa que ya fue conocida en La Moneda y que actualmente se está informando en el sector privado.

La nueva normativa, que es más bien una modificación a la ley de transmisión o ley corta eléctrica elaborada por el gobierno de Ricardo Lagos, es justificada por el Ejecutivo asegurando que el actual  sistema de transmisión enfrenta dificultades y obstáculos para incorporar centrales de generación y que no toma en cuenta el tema ambiental al definir trazados.

El nuevo texto modifica los criterios que priman en la elaboración del estudio de tarificación troncal y propone que se deben construir todas las líneas que se necesitan para cubrir las necesidades del sistema eléctrico en un plazo de 20 años.

Además, establece que, al tratarse de líneas de “utilidad pública” se contratarán consultores que, en un plazo de dos años, tendrán que definir un trazado óptimo de cada una de ellas a través de un estudio que considere distintas variables. Esta propuesta será analizada por un comité de ministros y, finalmente, el Ejecutivo definirá las servidumbres y licitará la construcción de las líneas.

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, manifestó que a su organización –como miembros de la sociedad civil que velan por los intereses colectivos y no de las empresas- también les gustaría conocer los detalles y ser partícipes de la discusión actual.

No obstante, Rodrigo insistió en que este proyecto es una respuesta al “colbunazo”, cuando Colbún decide retirarse del proyecto de línea de transmisión de HidroAysén, generando una fuerte presión en el Gobierno.

Aún así, el representante de Patagonia sin Represas valoró que sea esta administración quien ponga el tema de la planificación del Estado, reconociendo que el modelo eléctrico fracasó sin esta intervención, lo que en parte también es un resultado de las movilizaciones sociales.

En tanto Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, coincidió que esta medida, junto con el proyecto de ley que acelera las concesiones eléctricas pretende favorecer los negocios del sector -en particular de las cuatro empresas que lo concentran, Endesa, Colbún, Gener y Suez-  y recalcó la importancia de incluir a la ciudadanía y las regiones.

“Creo que hay una gran interrogante que tiene la ciudadanía: esta carretera, que se dice que es pública pero es para los privados, ¿a quién beneficia? ¿Va a ayudar a bajar la luz? ¿Vamos a aprovechar para hacer ordenamiento territorial o simplemente va a ser una imposición dictatorial de una legislación con la misma lógica de las leyes del Gobierno Militar que no fueron discutidas en el Congreso, que fueron hechas entre cuatro paredes, y que finalmente los resultados están con la gente en las calles, protestando?” dijo la ambientalista.

Por su parte el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, destacó que se estén precisando aspectos del proyecto y recalcó que el ministro de Energía, Jorge Bunster, manifestó su voluntad de conversar del tema con los parlamentarios, luego de la sesión especial de la cámara.

De todos modos, Vallespín planteó sus reparos a la iniciativa.

“Ciertamente lo que uno ve en esto es que se le está facilitando el actuar al sector privado, cualquiera sea éste. Por cierto que lo fundamental es saber si esa carretera eléctrica va a tener como prioridad las Energías Renovables No Convencionales o las centrales hidroeléctricas de pasada, que no son grandes inundaciones”, advirtió.

El parlamentario se mostró de acuerdo con que tienen que ser consultados todos los actores, para no sembrar un manto de duda sobre los fines de este proyecto.