A inicios de agosto el Gobierno hizo entrega de un nuevo plan para definir una normativa que reemplace el Decreto 124 del ex Ministerio de Planificación (Mideplan), promulgado el año 2009 y que ha sido fuertemente cuestionado por los pueblos indígenas, ya que pretende regular el derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los dirigentes aseguraron que se busca incorporar terminologías ambiguas y que están fuera de lo que establece el estándar fijado por el convenio, el que, afirman los dirigentes, no debería ser regulado por ninguna normativa nacional, ya que es autoejecutable.

Así lo indicó Valeria Pakarati, presidenta de la agrupación de mujeres de Isla de Pascua, quien expresó su molestia con el organismo internacional, que estaría facilitando el plan de consulta del ejecutivo, violatorio de sus derechos y de los mismos lineamientos del Convenio.

“Desde el momento que hubo una presentación de uno de los representantes de la OIT en las cámaras Alta y Baja, donde dice que es interpretativo, deja claramente la puerta abierta para validar el Decreto 124 que se dejó por el Gobierno de la señora (Michelle) Bachelet, donde condiciona la fórmula de hacer la consulta”, dijo.

Lo que temen los dirigentes indígenas es que, en este nuevo plan, se sigan colando fórmulas legales que les resten la capacidad de decidir sobre las materias que los afectan directamente, tal como en normas como el mismo Decreto 124, el reciente reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o la consulta que hoy está realizando en la isla la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Sobre esto se refirió Sandra Huentemilla, una de las Coordinadoras del Encuentro de Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados.

“Se ve amenazada la consulta vinculante, es decir, que todo lo que se consulta pueda tener un efecto, ya sea detener un proyecto determinado que se ejecute en un territorio y que tenga un alcance, un resultado, no que sea una consulta y que igual terminen haciendo lo que ellos han estimado como correcto en sus planes. Eso es lo que está en amenaza en este nuevo plan de consulta y en la consulta que se ha venido instalando en los distintos gobiernos”, señaló.

La dirigenta denunció que el gobierno está realizando encuentros y seminarios con autoridades indígenas para validar sus propuestas, sin que ellas estén necesariamente de acuerdo con éstas. En este sentido aclararon que no respaldan el nuevo plan y criticaron a la Conadi por  “prestarse” para “esta estrategia sucia del gobierno”, según indicaron.

Vale señalar que la Conadi ha sido blanco de una serie de críticas. Incluso hay quienes, si bien están de acuerdo con generar un marco regulatorio para el convenio, tienen reparos con el organismo.

Uno de ellos es Iván Carilao, consejero de la Conadi por la octava región: “No podemos dejar en manos de los gobiernos de turno la aplicación de un convenio al que ellos no le han dado la relevancia. Por tanto, hasta este momento, ningún gobierno, ni éste ni los anteriores, han tenido la voluntad política para hacer que el convenio sea autoejecutable. La Conadi es una institución prácticamente antidemocrática porque en definitiva el Gobierno tiene mayor representación. La ley, aunque se haya hecho en democracia, es antidemocrática para los pueblos originarios”, recalcó.

Así, continúa el debate sobre cómo institucionalizar este derecho que tienen los Pueblos Originarios, mientras, una serie de megaproyectos de generación o extracción que se localizan en terrenos ancestrales o que están en plena disputa, se siguen autorizando sin ser consultados.