La constatación del incremento de la violencia policial, del número de detenciones que no se ajustan a los procedimientos legales, así como la denuncia de tortura y abusos, es la conclusión del informe realizado por la Corporación de Defensa y Promoción de los Pueblos (Codepu), quienes junto a la organización Defensores Secundarios, han estado monitoreando las últimas movilizaciones estudiantiles y tomas de establecimientos.
El informe recoge una serie de testimonios de estudiantes, en muchos casos menores de edad, lo que se suma a las denuncias que ya ha hecho la Corporación Humanas, que ha presentado dos querellas por violencia sexual policial.
La secretaria ejecutiva de Codepu, Alejandra Arriaza, relató que “hemos recibido muchas denuncias de violencia, de niños con fracturas, con golpes, con agresiones en distintas partes del cuerpo, situaciones de niñas que han sido objeto de abusos sexuales, dentro de los procedimientos policiales se les ha hecho desnudarse, muchas veces sin el resguardo necesario, siendo ellas menores de edad, lo que está prohibido en la legislación”.
Arriaza agregó que a ello se suman detenciones irregulares por parte de civiles y verdaderos secuestros express, donde alumnos son detenidos por parte de Carabineros, sin embargo, “estas detenciones no han sido dadas a conocer a sus familiares o adultos que se hagan responsable, sin ningún procedimiento que se ajuste a la ley. Hasta seis horas han permanecido estos chicos al interior de vehículos, dando vueltas, sin tener un paradero claro y sin hacerse el control de legalidad que corresponda”.
Uno de los casos que más llamaron la atención por su crudeza, fue lo que sucedió el 13 de agosto con diez alumnos del Liceo María Luisa Bombal de Rancagua en medio de la toma del establecimiento.
Según el testimonio de Ignacio Henríquez a Radio Universidad de Chile, luego de desalojar el liceo fueron llevados a la comisaría donde “nos empiezan a llamar uno por uno, nos hicieron pasar a un baño y nos hicieron desnudar. Había un niño de 14 años que quedó en bóxer y el carabinero le dijo ‘sácate los bóxer’- lo dijo fuerte, lo escuchamos todos-, y él le dijo que no quería y el carabinero le dijo ‘o te los sacas tú o te los saco yo’. Luego de eso, pasamos todos desnudos y nos obligaron a hacer sentadillas”, asegura el estudiante.
Aunque los estudiantes se reunieron el pasado lunes con el director general de Carabineros, Gustavo González, Henríquez sostuvo que éste solamente se comprometió a iniciar las investigaciones correspondientes, pero no tomó decisiones como, por ejemplo, dar de baja a los uniformados, los que se encuentran completamente identificados.
Según la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Carola Canelo, en estos casos se pueden establecer varias figuras penales, que pueden ir desde abuso de autoridad, lesiones, tortura, amenaza e imposición de conductas ilegales, las que pueden ser denunciadas durante el control de detención de los estudiantes o mediante una querella en los tribunales correspondientes.
Sin embargo, la abogada advirtió que “la justicia competente para resolver estos conflictos penales es la justicia militar que, lamentablemente, no da, ni siquiera en teoría, garantías de total independencia al momento de resolver los conflictos, porque quien actúa como juez, al mismo tiempo, tiene una connotación de parte, pues de ser responsable una persona que sea parte de una institución, lo más probable es que ésta también asuma algún grado de irresponsabilidad”.
Las denuncias sobre la excesiva violencia durante las movilizaciones estudiantiles, también han tenido eco a nivel internacional, pues el diario estadounidense New York Times publicó un reportaje donde, a través de los testimonios de observadores de derechos humanos, se manifiesta derechamente que la policía chilena ha torturado a estudiantes en el contexto de las manifestaciones.
Conozca el informe completo de Codepu sobre violencia policial contra estudiantes chilenos
