El ataque incendiario al fundo del empresario agrícola René Urban fue interpretado por algunos sectores como una acción relacionada con la condena a siete años de presidio efectivo al werkén de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone.

Carbone se encontraría en calidad de prófugo y alegó que la sentencia se resolvió con una evidente falta de pruebas, constituyendo un juicio racista, al considerar las altas penas atribuidas por un homicidio frustrado.

Por otra parte, pese a los esfuerzos del Gobierno por controlar la zona con la llamada “Cumbre de Seguridad”, que se realizó tiempo atrás en La Moneda, y la radicalización de la presencia policial en territorio mapuche, los empresarios agrícolas no están conformes, por lo que marcharon pidiéndole al Ejecutivo acabar con la violencia.

Sin embargo, el diputado por la zona, Fuad Chahín, aseguró que los problemas de falta de justicia no son unilaterales y llamó al Gobierno a enfrentar el problema incentivando el diálogo: ““Quienes sufren los atentados dicen que no hay justicia, pero hemos visto algunas condenas el último tiempo. Por otra parte, en la familia de Jaime Mendoza Collío también sienten que no hay justicia cuando se absuelve al carabinero que le disparó y le quitó la vida. Aquí estamos en una situación muy compleja, donde el Gobierno tiene que dejar estas medidas efectistas como estas cumbres de seguridad, sin una voluntad de diálogo real con los distintos actores”, explicó el parlamentario DC.

Desde el Observatorio Ciudadano, que sesionó especialmente para analizar el conflicto creen que existe una “polarización”, producto del fracaso de las políticas del Estado.

Hernando Silva, del área jurídica de la ONG, aseguró que la actual situación tiene a los agrícolas de la zona, solicitando al Gobierno acciones penales y de fuerza, más que de solución a las demandas mapuches.

“No hay una respuesta concreta a los requerimientos de  los pueblos indígenas. Esta falta de respuesta es la que, presumiblemente, termina generando la conflictividad de la que serán víctimas los agricultores que han salido marchando, exigiendo una respuesta del Estado. Pero más allá de una respuesta concreta, como resolver las reivindicaciones de tierra por parte del pueblo mapuche, han solicitado una respuesta de aplicación de política penal, de materia de fuerza y de persecución penal de las personas que participan en estos procesos”, explicó el abogado.

También, respecto de la condena a Mijael Carbone, Silva, señaló que “es importante hacer presente que la figura penal que está utilizando actualmente le Estado es el homicidio frustrado a carabineros el que, en ninguna de las sentencias, se encuentra completamente acreditada la intención de matar y la participación concreta de las personas que han sido condenadas”.

“Es completamente posible entender, desde las perspectiva de las orientaciones, que aquí se está realizando un criterio de persecución racial de parte de los tribunales de justicia”, agregó el integrante del Observatorio Ciudadano sobre la resolución que calificó de “racista”

Ante ello subrayó su preocupación porque no se esté dando respuesta a las reivindicaciones de carácter territorial del Pueblo Mapuche y el llamado a armarse que han manifestado los empresarios agrícolas de la zona, idea que incluso ha sido respaldada por algunos ministros de Estado.