El juez del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Pedro García Muñoz, ordenó al Estado chileno pagar 200 millones de pesos a la cónyuge e igual monto a cada uno de los cuatro hijos de Ramón González Ortega, ejecutado el 30 de octubre de 1973, en el polígono del Regimiento Caupolicán de Porvenir.
El fallo judicial establece la responsabilidad del Estado en la muerte de González Ortega, quien fuera fusilado junto a otras tres personas, en cuyo caso recibieron condena tres personas por la Corte Suprema, en marzo de 2010.
En parte de la sentencia se argumenta: “Que, por lo reproducido, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.
El texto del fallo también agrega que: “Considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que señala que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'”.
Además, se establece que según los tratados internacionales suscritos por nuestro país corresponde el pago de las reparaciones económicas que corresponde a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El juez del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Pedro García Muñoz, ordenó al Estado chileno pagar 200 millones de pesos a la cónyuge e igual monto a cada uno de los cuatro hijos de Ramón González Ortega, ejecutado el 30 de octubre de 1973, en el polígono del Regimiento Caupolicán de Porvenir.
El fallo judicial establece la responsabilidad del Estado en la muerte de González Ortega, quien fuera fusilado junto a otras tres personas, en cuyo caso recibieron condena tres personas por la Corte Suprema, en marzo de 2010.
En parte de la sentencia se argumenta: “Que, por lo reproducido, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.
El texto del fallo también agrega que: “Considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que señala que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'”.
Además, se establece que según los tratados internacionales suscritos por nuestro país corresponde el pago de las reparaciones económicas que corresponde a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El juez del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Pedro García Muñoz, ordenó al Estado chileno pagar 200 millones de pesos a la cónyuge e igual monto a cada uno de los cuatro hijos de Ramón González Ortega, ejecutado el 30 de octubre de 1973, en el polígono del Regimiento Caupolicán de Porvenir.
El fallo judicial establece la responsabilidad del Estado en la muerte de González Ortega, quien fuera fusilado junto a otras tres personas, en cuyo caso recibieron condena tres personas por la Corte Suprema, en marzo de 2010.
En parte de la sentencia se argumenta: “Que, por lo reproducido, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.
El texto del fallo también agrega que: “Considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que señala que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'”.
Además, se establece que según los tratados internacionales suscritos por nuestro país corresponde el pago de las reparaciones económicas que corresponde a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
