Preocupación expresaron parlamentarios y organizaciones de consumidores ante los recortes de recursos que contempla el proyecto de Ley de Presupuesto para los organismos públicos que regulan distintos sectores financieros y comerciales.

Los diputados DC Fuad Chahín, Patricio Vallespín y Pablo Lorenzini señalaron que el reajuste afecta a superintendencias y al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), mientras que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) registra un leve aumento.

Los legisladores detallaron que, por ejemplo, el presupuesto de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que fiscaliza los mercados financieros, disminuye en un 3,8 por ciento, mientras que el Sernac tiene una caída global de dos por ciento.

Esto, en un escenario marcado por escándalos como la repactación unilateral de La Polar y la colusión de cadenas farmacéuticas, en que las entidades públicas y las organizaciones de consumidores han tenido un activo rol.

El diputado Pablo Lorenzini dijo que los cuestionamientos ya fueron planteados a la directora de Presupuestos, Rossana Costa, y enfatizó que el proyecto de ley “no es de Gobierno ni de oposición, sino que es para los ciudadanos”.

“Yo no quiero pensar mal, que como han estado muy activos las superintendencias, el Sernac y la FNE, los empresarios están presionando para mantener esto en su lugar correspondiente. Es como que todo estuviera armadito para parar y tener a futuro solo lo que hay hoy día. Me da la impresión de que estas platas se han dedicado a otras cosas, que alguien enfocó mal el tema. De lo contrario, sería decir que hay un lobby empresarial y que están dejando poca actividad a quienes los revisan a ellos. Eso no me parece bien”, declaró.

Un ítem observado con atención es el fondo concursable que el Sernac destina para el desarrollo de las asociaciones de consumidores, que no registra incremento y se estanca en 360 millones de pesos.

El presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, dijo que este fondo presenta una serie de problemas de gestión y que es insuficiente para las cerca de 90 organizaciones que actualmente funcionan en el país.

Además, sostuvo que los recortes “tienen que ver con una forma de mirar las organizaciones de la sociedad civil, en que las ven como una amenaza para los organismos públicos o para las propias empresas. Por lo tanto, se impide que las organizaciones de consumidores se desarrollen y se restringen al máximo para que no tengan el impacto que podrían tener en la defensa de sus derechos. Creo que es parte de una política en que el desarrollo de este tipo de organizaciones podría producir un conflicto mayor con las empresas”.

En este sentido, Hernán Calderón adelantó que buscarán que los recursos crezcan durante la discusión de la Ley de Presupuesto: “Le estamos pidiendo a los parlamentarios que nos apoyen en la discusión del Presupuesto para que se incremente significativamente este fondo. No ponemos cifras, los parlamentarios y el Gobierno saben la labor que hacen las organizaciones y saben que cualquier recurso va a ser bien utilizado”, afirmó.

El proyecto de ley de Presupuesto actualmente es visto en cinco subcomisiones mixtas y debe estar despachado a más tardar el próximo 30 de noviembre.