La Sala del Senado deberá pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo que presentó la senadora Isabel Allende para solicitar que el Presidente de la República envíe una reforma que delimite el alcance de los Contratos Especiales de Operación (CEO) para minerales no concesionables, como es el caso del litio.

La iniciativa  llama a hacer “una reforma integral, a nivel constitucional y legal”, considerando que el ordenamiento jurídico vigente contempla la situación de minerales que no pueden ser objeto de explotación por la vía de una concesión minera, pero que pueden llegar a ser aprovechados por particulares mediante regímenes mineros especiales.

La parlamentaria argumenta que el DL 2886 de 1979 establece que, “exceptuando las pertenencias mineras bajo el amparo del Código de Minería de 1932, el litio queda reservado al Estado, por exigirlo el interés nacional”.

Y apunta que existe “incompatibilidad de los contratos especiales de operación del litio, establecidos mediante decreto supremo, y el verdadero sentido y alcance otorgado por la Constitución” para reservar el litio al Estado.

El proyecto fue planteado por la senadora Allende, en el marco de la polémica generada tras el fallido proceso de licitación del litio, que había sido adjudicado a la empresa Soquimich (SQM).