Autoridades toman medidas para enfrentar cuestionamientos al alcotest
La polémica sobre la fiabilidad del alcotest llegó a la comisión de Transportes de la cámara, donde asistieron las autoridades de Gobierno y Carabineros a exponer y luego adoptar un acuerdo. Se trata de no dar publicidad a los controles que arrojen altos índices y enviar a calibrar los artefactos, siempre en función de que éstos lleguen, a futuro, incluso a reemplazar a la alcoholemia.
Miércoles 31 de octubre 2012 19:54 hrs.
Pese a que a finales de la semana pasada Alberto Ayala, Fiscal Nacional subrogante solicitó un informe técnico respecto al uso de los alcotest y sus eventuales márgenes de error en los exámenes, hoy existe un acuerdo entre Carabineros, autoridades y parlamentarios.
El consenso es no dar publicidad a los casos donde se marque una alta graduación de alcohol en los controles realizados en plena calle, después de la polémica que surgió por las importantes diferencias que estableció la alcoholemia del alcotest que se realizó a la actriz Daniela Ramírez y el futbolista Manuel Neira.
Tal como lo indicó el diputado DC Juan Carlos Latorre la preocupación pasa por el descrédito que estaba produciendo el cuestionamiento de la herramienta, en el marco de la Ley de Tolerancia Cero al alcohol, por ello la idea es “ver cómo logramos que no se produzcan primero informaciones públicas que sean atentatorias contra la credibilidad del procedimiento”.
En este sentido, Latorre aseguró que “los datos un alcotest y una alcoholemia son privados y ni Carabineros ni otra institución tiene derecho a entregarlos a la opinión pública, como si fueran datos de manejo público, porque eso lo tiene que manejar el Servicio Médico Legal, el juez y el fiscal para un proceso”.
Según indicó el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, el UDI Gustavo Hasbún, además se adoptaron otras medidas, como mejorar las calibraciones de los alcotest y que el ministerio de Transportes disponga de todos los recursos necesarios para mejorar el sistema de medición.
“Lo que nosotros hemos establecido es que existan parámetros de control muchos más exhaustivos en relación a la metodología y a los medios que se están implementando en relación a este tema y hacer una propuesta legislativa que nos permita tener un mayor control”, agregó Hasbún.
Con estas medidas coincidieron el titular de Transportes, Pedro Errázuriz y el General Director de Carabineros, Gustavo González, quien planteó que, cuando se detecten casos irregulares, de forma preventiva se enviarán los artefactos a periciar y re –calibrar.
Por su parte, la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Francisca Florenzano, dio su pleno respaldo al mecanismo, afirmando que en los países desarrollados se está abandonando la extracción de sangre y que la idea es dejar la alcoholemia solamente como medio de prueba.
Pese a que a finales de la semana pasada Alberto Ayala, Fiscal Nacional subrogante solicitó un informe técnico respecto al uso de los alcotest y sus eventuales márgenes de error en los exámenes, hoy existe un acuerdo entre Carabineros, autoridades y parlamentarios.
El consenso es no dar publicidad a los casos donde se marque una alta graduación de alcohol en los controles realizados en plena calle, después de la polémica que surgió por las importantes diferencias que estableció la alcoholemia del alcotest que se realizó a la actriz Daniela Ramírez y el futbolista Manuel Neira.
Tal como lo indicó el diputado DC Juan Carlos Latorre la preocupación pasa por el descrédito que estaba produciendo el cuestionamiento de la herramienta, en el marco de la Ley de Tolerancia Cero al alcohol, por ello la idea es “ver cómo logramos que no se produzcan primero informaciones públicas que sean atentatorias contra la credibilidad del procedimiento”.
En este sentido, Latorre aseguró que “los datos un alcotest y una alcoholemia son privados y ni Carabineros ni otra institución tiene derecho a entregarlos a la opinión pública, como si fueran datos de manejo público, porque eso lo tiene que manejar el Servicio Médico Legal, el juez y el fiscal para un proceso”.
Según indicó el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, el UDI Gustavo Hasbún, además se adoptaron otras medidas, como mejorar las calibraciones de los alcotest y que el ministerio de Transportes disponga de todos los recursos necesarios para mejorar el sistema de medición.
“Lo que nosotros hemos establecido es que existan parámetros de control muchos más exhaustivos en relación a la metodología y a los medios que se están implementando en relación a este tema y hacer una propuesta legislativa que nos permita tener un mayor control”, agregó Hasbún.
Con estas medidas coincidieron el titular de Transportes, Pedro Errázuriz y el General Director de Carabineros, Gustavo González, quien planteó que, cuando se detecten casos irregulares, de forma preventiva se enviarán los artefactos a periciar y re –calibrar.
Por su parte, la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Francisca Florenzano, dio su pleno respaldo al mecanismo, afirmando que en los países desarrollados se está abandonando la extracción de sangre y que la idea es dejar la alcoholemia solamente como medio de prueba.
Pese a que a finales de la semana pasada Alberto Ayala, Fiscal Nacional subrogante solicitó un informe técnico respecto al uso de los alcotest y sus eventuales márgenes de error en los exámenes, hoy existe un acuerdo entre Carabineros, autoridades y parlamentarios.
El consenso es no dar publicidad a los casos donde se marque una alta graduación de alcohol en los controles realizados en plena calle, después de la polémica que surgió por las importantes diferencias que estableció la alcoholemia del alcotest que se realizó a la actriz Daniela Ramírez y el futbolista Manuel Neira.
Tal como lo indicó el diputado DC Juan Carlos Latorre la preocupación pasa por el descrédito que estaba produciendo el cuestionamiento de la herramienta, en el marco de la Ley de Tolerancia Cero al alcohol, por ello la idea es “ver cómo logramos que no se produzcan primero informaciones públicas que sean atentatorias contra la credibilidad del procedimiento”.
En este sentido, Latorre aseguró que “los datos un alcotest y una alcoholemia son privados y ni Carabineros ni otra institución tiene derecho a entregarlos a la opinión pública, como si fueran datos de manejo público, porque eso lo tiene que manejar el Servicio Médico Legal, el juez y el fiscal para un proceso”.
Según indicó el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, el UDI Gustavo Hasbún, además se adoptaron otras medidas, como mejorar las calibraciones de los alcotest y que el ministerio de Transportes disponga de todos los recursos necesarios para mejorar el sistema de medición.
“Lo que nosotros hemos establecido es que existan parámetros de control muchos más exhaustivos en relación a la metodología y a los medios que se están implementando en relación a este tema y hacer una propuesta legislativa que nos permita tener un mayor control”, agregó Hasbún.
Con estas medidas coincidieron el titular de Transportes, Pedro Errázuriz y el General Director de Carabineros, Gustavo González, quien planteó que, cuando se detecten casos irregulares, de forma preventiva se enviarán los artefactos a periciar y re –calibrar.
Por su parte, la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Francisca Florenzano, dio su pleno respaldo al mecanismo, afirmando que en los países desarrollados se está abandonando la extracción de sangre y que la idea es dejar la alcoholemia solamente como medio de prueba.