El Ministerio de Educación presentó el Tercer Informe de Estados Financieros de las Universidades Chilenas, en el que detalló los aportes fiscales para las instituciones estatales y del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch)-
En la ocasión, el ministro de la cartera, Harald Beyer, se defendió de las críticas que ha recibido por parte del Cruch por la insuficiencia de recursos operativos y basales para las casas de estudio tradicionales.
En esa línea, Beyer recalcó que “el Fisco dispone de un 27 por ciento para los aportes basales a la educación y de esa cifra, el 97 puntos porcentuales son designados exclusivamente para las entidades pertenecientes al Cruch”.
Asimismo, indicó que el aporte fiscal para los alumnos de planteles privados corresponde a 385 mil pesos por alumno, un poco más de un tercio en comparación con las universidades del Cruch.
“Hay un monto de recursos importantes que gasta el Estado por estudiante, ese gasto es mucho mayor en las universidades estatales que en las privadas tradicionales. Lo otro es que las universidades estatales están recibiendo hoy más del 50 por ciento de sus ingresos operacionales, a través de distintos aportes del Estado, a pesar de que ellas sostienen sistemáticamente que reciben mucho menos, pero estos datos permiten demostrar que esto no es así”, acusó el titular del Mineduc.
Además de vaticinar que para el 2013 la educación alcanzaría el punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), lo que posicionaría a Chile cerca del promedio de los países pertenecientes a la OCDE, el secretario de Estado comentó los procesos en que se encuentran las investigaciones realizadas a las universidades Santo Tomás y Uniacc por las acusaciones y antecedentes de lucro, denunciadas por el ex secretario ejecutivo del Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Patricio Basso.
“En los dos casos eran cuentas sin intereses, la pregunta que tenemos que evaluar es si detrás de eso hay un perjuicio para la universidad y, por lo tanto, una eventual extracción de lucro. Los antecedentes que recopilamos en el caso de la Universidad Santo Tomás nos permiten concluir que eso no fue lo que ocurrió, no se viola ninguna de las disposiciones legales vigentes. En el caso de Uniacc eso está pendiente, pedimos antecedentes adicionales porque la información que recibimos no era satisfactoria, no había una buena explicación de lo que solicitábamos, que era de un préstamo que hacía la universidad a otra institución”, detalló Harald Beyer.
En ese sentido, el administrador de la cartera de Educación señaló que por ley el ministerio no tiene atribuciones para apremiar a las universidades a que entreguen los informes, como tampoco las facultades para sancionar, sino a través de multas.
En tanto, el presidente electo de la Federación de Estudiantes de la universidad de Chile (FECh), Andrés Fielbaum, rechazó las afirmaciones de Beyer sobre los recursos para las universidades estatales, afirmando que “el ministro está mezclando tipos de aportes que son muy diferentes. El Estado tiene que hacerse cargo mediante aportes directos a las universidades, porque son los únicos que garantizan su autonomía, en ese sentido, el aporte que hace el estado a las universidades públicas es bajísimo en comparación al resto de todos los países desarrollados”.
En el caso de las investigaciones sobre Santo Tomás y Uniacc, Fielbaum denunció que “todo esto demuestra que el ministro finalmente se hace el sordo frente a denuncias que todo el mundo sabe que son reales. La denuncia que hizo el señor Basso fue el 14 de junio y hasta el 6 de agosto el ministro negó que está información existiera, confirmando la nula disposición del Gobierno para poder avanzar en poder recuperar la educación como un derecho”, dijo.
Finalmente y respecto de la información “reservada” que se filtró a los medios de comunicación, respecto a la petición de cierre que Beyer solicitó en el proceso sobre la Universidad del Mar, y de la supuesta reubicación de los alumnos en otras instituciones, el ministro el ministro manifestó que su cartera se encuentran investigando al respecto, para determinar dónde se produjo la fuga de información que, por cierto, responde a una irregularidad.